En los últimos años, el país ha sido testigo de la aprobación de un conjunto de normas que, lejos de fortalecer la seguridad ciudadana, han terminado convirtiéndose en auténticas leyes procrimen. Son disposiciones que han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia, han otorgado beneficios injustificados a criminales y han creado vacíos legales que hoy son aprovechados por organizaciones dedicadas al sicariato, extorsión, minería ilegal y tráfico de terrenos. La pregunta es evidente: ¿qué debemos hacer con estas leyes que, en vez de proteger al ciudadano, protegen al delincuente?
Lo primero es identificarlas con claridad. Existen normas que reducen penas, que liberan a procesados por delitos graves bajo el pretexto de beneficios penitenciarios, que suavizan los controles frente al crimen organizado o que permiten que individuos peligrosos salgan en libertad por tecnicismos procesales. Una legislación que favorece al infractor —sea por omisión, por diseño o por intereses políticos— se convierte en un arma contra nuestra sociedad.
El segundo paso es corregirlas de inmediato, mediante un proceso técnico, riguroso y libre de intereses partidarios. Esta será una de las misiones del Consejo Nacional de Moral Pública, con el apoyo de penalistas, criminólogos, especialistas en seguridad y representantes de instituciones comprometidas con el bienestar nacional. El Consejo deberá evaluar integralmente todas las normas que afectan la lucha contra el crimen y recomendar su derogación, modificación o sustitución cuando generen impunidad o debiliten la capacidad operativa del Estado.
Tercero, es imprescindible restaurar el principio de autoridad. Las leyes deben ser claras, severas y coherentes. No podemos continuar con un Código Penal lleno de parches, beneficios discrecionales y reducciones de pena que contradicen toda lógica. El endurecimiento de sanciones para sicarios, extorsionadores, violadores y corruptos debe acompañarse de un sistema judicial eficiente, tecnológico y blindado contra la corrupción.
Finalmente, se requiere un compromiso político real. No podemos permitir que el Congreso siga legislando por populismo o por presión de grupos con intereses oscuros. Las leyes deben servir al ciudadano honesto y no al criminal.
Revisar, depurar y fortalecer la legislación no es solo un acto jurídico: es un acto moral, necesario para recuperar la seguridad y la confianza en el Perú, tal como lo plantea Perú Acción en su programa de gobierno Mano de Hierro.
(*) Presidente de Perú Acción
(*) Presidente del Consejo por la Paz
