La improvisación muchas veces puede resultar perjudicial y hasta fatal para el bien común cuando los improvisados llegan a tener acceso a los cargos públicos, como son los cargos de congresista y de presidente de la República.
El improvisado es por lo general una persona no preparada para determinada actividad o servicio. En el caso del servicio público las consecuencias de la improvisación son a menudo claramente perjudiciales para los intereses generales de la nación y de la población en su conjunto.
Ser congresista o presidente de la República en democracia no significa que cualquiera pueda serlo, sin ningún control de prevención respecto a los actos de las personas improvisadas que ingresan al servicio público. Una cosa es que se permita la postulación bajo estándares mínimos, que actualmente para el caso de presidente de la República es el ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio, y para el caso de congresista, el ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio.
Pero otra cosa es permitir que una persona improvisada o que no tiene auténtica vocación hacia el servicio público siga ejerciendo el cargo de congresista o de presidente de la República por todo el periodo de las elecciones generales, pues no se debe permitir que se dañe al Estado y, en consecuencia, a la sociedad.
Por eso es importante que se instaure en la Constitución la revocatoria a los cargos de congresista y presidente de la República.
Dentro de la apertura democrática está el hecho de la postulación de jubilados de la carrera pública, como la ex fiscal de la Nación, Gladys Echaíz; y sucede que ésta última, desde el actual Congreso de la República, estaría impulsando una nueva iniciativa, mediante un proyecto de ley, para tratar de moldear a su antojo el sistema judicial, en lo que algunos identifican directamente como una intención de captura.
La tentativa de captura vendría a colación en la medida que el proyecto de ley plantea que se cree una institución que reemplace a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), mediante la figura de una “Escuela Nacional de la Magistratura”, ya que esta pretendida “Escuela” tendría las mismas funciones que la JNJ; esto es, nombrar, ratificar, suspender y destituir a jueces y fiscales. Digamos no a la miseria de la política.
(*) Analista politico
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
