Migraciones participa en mesa de trabajo sobre trata de personas vinculada a la minería ilegal

La Superintendencia Nacional de Migraciones participó en la mesa de trabajo denominada “Trata de personas y su relación con la minería ilegal”, espacio de coordinación y análisis interinstitucional convocado por el Congreso de la República.

La mesa de trabajo constituye un mecanismo técnico y político de coordinación que permite alinear esfuerzos, compartir información y formular propuestas frente a un problema que requiere una respuesta multisectorial, sin contar con funciones ejecutivas directas.

En este contexto, el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, recordó que, en el marco de la normativa vigente, tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes los casos de posibles víctimas extranjeras de trata de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante su intervención, el superintendente Balladares señaló que “en el periodo 2025-2026 Migraciones ha ejecutado un total de 9,053 operativos de verificación y fiscalización migratoria”. Si bien estas intervenciones tienen como finalidad principal comprobar la situación migratoria de las personas extranjeras, también incorporan un enfoque preventivo orientado a detectar situaciones que pongan en riesgo su integridad, incluyendo posibles casos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, entre otros.

Asimismo, señaló que en el mismo periodo la entidad ha recibido 24 solicitudes por casos de vulnerabilidad bajo el supuesto de trata de personas, de los cuales 22 han sido acreditados a nivel de Jefaturas Zonales. Estos casos han sido derivados, conforme al marco normativo vigente, a las entidades competentes como el Ministerio Público del Perú – Unidad de Trata de Personas y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Los casos verificados se concentran en Callao (12), Lima (3), Iquitos (2), Puerto Maldonado (2), Puno (1), Tacna (1) y Pucallpa (1)”, puntualizó la máxima autoridad de Migraciones.
En la mesa participan instituciones como el Ministerio Público del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como otros sectores vinculados a la seguridad, justicia y derechos humanos, junto con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

Mediante esta participación, Migraciones reafirmó su compromiso de contribuir, desde el ámbito de sus competencias, a la detección temprana y derivación oportuna de posibles casos de trata de personas, especialmente en escenarios de riesgo como la minería ilegal, fortaleciendo la articulación interinstitucional para una respuesta eficaz del Estado.