El Perú vive uno de los momentos más violentos de su historia reciente. Sicariato en expansión, extorsiones que someten barrios enteros, asesinatos por encargo y una ciudadanía atrapada entre el miedo y la desconfianza. Mientras el país busca respuestas urgentes a una criminalidad fuera de control, otra violencia —igual de grave, pero más silenciosa— continúa creciendo sin recibir la misma atención: la violencia contra la mujer.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nuestro país llega con cifras que no solo no han disminuido: han aumentado. Los casos de feminicidio, tentativas, agresiones psicológicas y violencia sexual siguen elevándose, incluso en medio de la crisis de seguridad que acapara todos los titulares.
La violencia hacia las mujeres no desapareció. Simplemente dejó de ser noticia. Mientras los reflectores apuntan a las granadas, a los cobros diarios del crimen organizado y a las redes que han tomado varias regiones, la violencia íntima —la que ocurre en hogares, parejas, familias— sigue golpeando vidas a diario. La diferencia es que ahora ocurre bajo la sombra de una violencia más vistosa que la desplaza de la agenda pública.
Pero la relación entre ambas violencias no es casualidad. Un país que normaliza la violencia en las calles termina normalizando la violencia en la casa. Un país donde reina la impunidad frente a mafias también la tolera frente a agresores domésticos. Un país donde el miedo manda, debilita también la capacidad de denunciar, proteger y sancionar.
En medio de esta crisis, y ad portas de un proceso electoral clave, la clase política sigue evitando una discusión seria sobre cómo vincular seguridad ciudadana con protección de derechos humanos. Se habla de armas, patrullaje y endurecimiento de penas —todas necesarias— pero se evita lo esencial: la violencia contra la mujer es también un problema de seguridad nacional.
Sin embargo, hay una advertencia que debe hacerse con claridad absoluta: la lucha contra la violencia hacia la mujer no puede convertirse en herramienta para encubrir delitos, justificar conductas inmorales o manipular procesos judiciales. Proteger derechos no significa blindar mentiras. Defender a las víctimas reales no implica aceptar denuncias construidas para obtener beneficios indebidos.
Cuando se banaliza el término “violencia” para excusar irresponsabilidades, venganzas personales o precariedades éticas, no solo se traiciona la verdad: se daña profundamente a las mujeres que sí enfrentan agresiones reales y buscan justicia.
La violencia que destruye, mata y humilla no necesita disfraces ni discursos ideológicos. Necesita verdad, ley y firmeza. Y necesita que la sociedad, el Estado y los medios la tomen con la urgencia que exige.
Hoy, el Perú encara una encrucijada moral. No basta con enfrentar al crimen organizado. No basta con endurecer penas. No basta con mirar a otro lado mientras los hogares se rompen en silencio.
La verdadera seguridad —la que garantiza un país decente— empieza por pro- teger la vida de cada mujer, sin excusas y sin silencios. Pero también empieza por exigir integridad y responsabilidad en cada denuncia, en cada institución y en cada ciudadano.
Porque ninguna mujer debe ser violentada. Y ninguna persona debe usar la violencia como excusa para ocultar lo inexcusable. El Perú no saldrá del caos si renuncia a la verdad. La seguridad empieza donde empieza la dignidad.
(*) Directora del Centro de Política Familiar
(*) Abogada, investigadora y docente
