A propósito de la reciente sentencia de prisión preventiva contra el expresidente del Perú Martín Vizcarra, los últimos cincuenta años, desde Alan García hasta Pedro Castillo —pasando por Fujimori, Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski—, muestran un patrón tan predecible como vergonzoso: todos han enfrentado cargos graves por corrupción, abuso de poder o intentos de golpe de Estado; las consecuencias han sido dramáticas: prisión efectiva, arresto domiciliario, destituciones fulminantes e, incluso, el suicidio de un expresidente.
Algunos celebran estos hechos como una supuesta muestra de fortaleza institucional, repitiendo con orgullo que “en el Perú los presidentes van presos y en otros países no”. Sin embargo, este argumento, que suena a consuelo moral, esconde un doble engaño, primero, normaliza un escenario patológico en el que la más alta magistratura del país se convierte en un campo minado de intereses ilícitos, y segundo, distrae la atención del verdadero núcleo del problema: la corrupción estructural que alimenta y condiciona la política peruana desde las sombras. La cárcel presidencial no es una medalla de transparencia democrática, sino una marca de ignominia estructural; es un sistema político descompuesto donde los corruptos más poderosos no temen a la justicia porque nunca se sientan en el banquillo, colocan y financian presidentes como piezas de ajedrez desechables, sabiendo que, tarde o temprano, la justicia —real o manipulada— se llevará a esos rostros visibles, mientras los verdaderos beneficiarios del saqueo permanecen intocables, ocultos tras contratos, lobbies y redes de poder.
Este ciclo se repite porque la indignación ciudadana es tibia y porque la política se ha reducido a una maquinaria electoral sin visión de Estado haciendo que las campañas electorales sean financiadas por quienes luego exigirán favores fuera de la ley, aprovechándose de las debilidades cognitivas, éticas y morales de los políticos de turno. En este sentido es necesario comprender de que no puede existir una economía, reforma social o proyecto de país que prospere si la silla presidencial es vista como un trampolín hacia el tribunal y la celda.
El Perú se aproxima a nuevas elecciones con la oportunidad —y la obligación— de romper este patrón, lo cual no se logrará con frases de ocasión ni con candidatos que prometen “mano dura” mientras continúan rodeados por los círculos corruptos de siempre; se requiere entonces un profundo cambio cultural y político, blindar la dignidad del cargo presidencial, exigir transparencia radical en el financiamiento de campañas, construir partidos con vida interna y sancionar decididamente a las redes que operan detrás del poder
. Si no se entiende que el problema es sistémico y no individual, la política peruana seguirá siendo un espejo roto que no refleja nada útil.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI)
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