La Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una denuncia penal contra cuatro miembros del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) por presunta interferencia en procesos judiciales en trámite, imponiendo medidas disciplinarias al Pleno de la JNJ.
El caso está relacionado con la nulidad de oficio de la designación de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, el uso de la fuerza para su restitución y la presunta falta de transmisión de sesiones del pleno de la JNJ.
La denuncia, formulada por el procurador público de la JNJ, Mario Tello Ponce, está dirigida contra Carlos Enrique Ampuero Montes, en su condición de presidente del Consejo de Ética del CAL, así como contra los consejeros Félix Augusto Vasi Zevallos, María Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaqué, por presuntamente haberse atribuido competencias que no les corresponden.
La denuncia se fundamenta en la emisión de dos resoluciones disciplinarias por parte del CAL contra cinco integrantes del pleno de la JNJ, disponiendo una suspensión temporal de seis meses. Esta orden fue dada mientras existía un proceso constitucional de amparo sobre los mismos hechos.
