Poderes del Estado, entidades públicas y privadas han perdido la credibilidad

Siento vergüenza ajena escuchar al presidente de la República declarar que “si por él fuera, otorgaría amnistía a todos los políticos que tienen algún tipo de investigación”. Un abogado sabe que la amnistía la otorga el Congreso y no el Ejecutivo, a quienes han cometido delitos comunes relacionados con lo social y político; y, de ninguna manera, a quienes han cometido delitos comunes. El indulto se concede a los que tienen sentencia firme, o sea, que no haya sido impugnada; es el perdón de la pena que falta cumplir. El indulto humanitario se otorga por padecer un mal incurable y terminal, lógicamente debidamente evaluado y que la misma sea verdadera, pues de ser falso, todos los involucrados incurren en delito de falsedad ideológica, que merece una pena de hasta 6 años.

 En los penales hay cientos de internos que se mueren con enfermedades terminales; y, para ellos no se otorga indulto humanitario. El Poder Legislativo: tenemos un buen número de congresistas que están denunciados e investigados por diversos delitos y sus pares no han dado curso a estas investigaciones, que debe llevar a cabo la fiscalía; algunos han sido elegidos senadores y diputados —5 años más de impunidad—; y, los que han sido elegidos el 29 de agosto de 2026, se deben reiniciar las investigaciones y, llegado el caso, ser condenados. El Poder Judicial no cuenta con apoyo de la opinión pública por la mala actuación de algunos. Es necesaria la revocatoria del mandato de senadores y diputados a la mitad de su gestión. 

El Ministerio Público: es lamentable el comportamiento de algunos de sus integrantes, pues al parecer están a favor de los delincuentes; parece que el mal ejemplo se generaliza —lo verificamos con el “querer” del presidente de la República—; y lo que sucede diariamente, la gente honrada, víctimas de delitos y ciudadanía, no tienen la protección ni el amparo de algunos fiscales, sobre todo en las estafas, usurpaciones, falsificaciones de firmas para apoderarse de inmuebles, llegando al extremo de que, pese a las evidencias de que años radican en el extranjero, falsifican sus firmas para que les donen inmuebles, luego los transfieren, hipotecan y consiguen que un juez prevaricador les reconozca la propiedad mediante medidas cautelares o desalojos; y, ante denuncias ante los órganos de control del Poder Judicial o Ministerio Público, los liberan de responsabilidad, también como en el Congreso: “otorongo no come otorongo”. En la Policía Nacional, según el exministro Santivañez y el actual defensor del Pueblo han declarado, que altos mandos policiales están involucrados con bandas criminales, ratificado nada menos por Erick Moreno, alias el “Monstruo”. 

“En el Ministerio Público es lamentable el comportamiento de algunos de sus integrantes, pues están a favor de los delincuentes”. 

Denuncia conocida por fiscales provinciales, superiores, jueces de investigación y jueces superiores. El Colegio de Abogados de Lima, caracterizado por defender y ser baluarte de la juridicidad en el país, con mucho dolor y tristeza verificamos que se viola el Estatuto, que establece que los integrantes del Tribunal de Honor del CAL deben estar integrados por cinco (5) exdecanos, vicedecanos o abogados de conducta intachable. Luego de que los integrantes del Tribunal, el 16 de abril del año en curso, le cursamos una carta para que nos reciba y hacerle conocer que hace tres meses no funciona dicho Tribunal, pues el secretario-relator fue despedido en forma arbitraria por el anterior jefe de recursos humanos, sin consentimiento ni conocimiento del Tribunal de Honor. 

(*) Exdecano del CAL 

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