El Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley que sanciona con cárcel a los jueces y fiscales liberen a criminales detenidos en flagrancia delictiva. De esta manera se modificó la Ley de la Carrera Fiscal, Ley de la carrera Judicial y el Código Penal.
En tal sentido, desde hoy, aquellos que liberen a presuntos delincuentes detenidos por la Policía por penas privativas de más de 5 años, serán considerados infractores de la Ley de la Carrera Judicial y de la Carrera Fiscal, respectivamente. La norma modifica el Código Procesal Penal para acusar de prevaricato y castigar con penas no menor de 8 ni mayor de 12 años de prisión a aquellos jueces y fiscales que incumplan la ley.
Asimismo, se promulgó la ley 31181, la cual establece que los fiscales no podrán pedir la detención preliminar judicial ni prisión preventiva contra los policías que causen la muerte o lesiones a personas, en el ejercicio de sus funciones.
“UN ANTES Y UN DESPUÉS”
Al respecto, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) destacó la ley, al referir que esta impide que fiscales y jueces “caviarizados” envíen a prisión a policías que hacen uso de sus armas para enfrentar a la delincuencia.
Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) indicó que esta es una herramienta clave para sancionar a malos magistrados que, apartándose de sus funciones, liberan a delincuentes capturados en flagrancia por la comisión de delitos cuyas penas superen los 5 años. “Esta ley marca un antes y un después en la lucha contra la injusticia, cerrando el paso a aquellos que, en lugar de defender a los ciudadanos, protegen a los criminales”, acotó.
“SE ASEGURA QUE LA JUSTICIA SEA RÁPIDA Y EFICAZ”
Para la legisladora Rosangela Barbarán (Fuerza Popular), con la promulgación de esta ley se asegura que la justicia sea rápida y eficaz, al eliminar la impunidad y mejorar la seguridad ciudadana.
“Ya basta de hacerle el juego de criminalidad, la Policía hace operativos, los captura y los fiscales los liberan con la excusa de falta de pruebas. Esta ley impone sanciones severas, incluyendo la posible destitución de jueces y fiscales que omitan pruebas o que no soliciten la prisión preventiva cuando las evidencias son claras”, apuntó.
