Los famosos “contratos ley”

En el imaginario popular de la gran mayoría de manifestantes que exigen la renuncia de Dina Boluarte hay muchos mitos que alimentan el odio. Según una de estas elucubraciones, la presidenta, pese a haber sido elegida por un partido de izquierda, “se ha aliado con la derecha para quedarse en el poder y beneficiar a las grandes empresas”. Esa es la idea central, pero hay otras falacias que la refuerzan y la hacen “creíble”. ¿Conocen este detalle los ministros y los asesores que queman cerebro tratando de encontrar la fórmula para calmar las iras de la masa? Todo indica que no.

De acuerdo a una de estas monsergas, que incluso es esgrimida por ciertos políticos y analistas, Dina Boluarte se rehúsa a dejar la presidencia antes de abril 2024 porque este año, el 2023, vencerían varios “contratos ley” que comprometen grandes intereses económicos. Dicen que la presidenta estaría coordinando bajo las sombras con grandes grupos de poder económico para que la actual Constitución no sea modificada y sigan vigentes los “contratos ley”, de tal manera que puedan ser renovados bajo las mismas condiciones que benefician a las grandes empresas y son perjudiciales para el país.

Hasta el momento no hay un mensaje del Ejecutivo que aclare este desaguisado y desmienta con argumentos contundente esas ideas regadas por intereses oscuros. Por cierto, han sido detenidos dos sospechosos de financiar las protestas violentas y unas de estas personas es amiga del expresidente Pedro Castillo. Tenían agendas de pago, dinero en efectivo y participaban en la frustrada toma del aeropuerto Jorge Chávez. Son fundadas las sospechas y se espera que la Fiscalía encuentre la verdad.

Sí es cierto, hay que decirlo, que los “contratos ley” son un instrumento legal que facilitaba que poderosas empresas con experiencia y respaldo financiero pudiesen invertir con ciertas ventajas en el Perú. Sin embargo, es falso que los “contratos ley” nacieron en el gobierno de Alberto Fujimori, pues los hubo incluso durante el régimen de Velasco Alvarado. También es mentira que todos esos contratos vencerán este año, el 2023. Varios contratos mineros vencieron antes del 2021 y otros lo harán entre el 2027 y el 2030. Por lo consiguiente, no hay ningún apuro. La presidenta no podría renovar ningún “contrato ley”.

Hace más de una semana, la congresista Margot Palacios solicitó a Proinversión un informe sobre los “contratos ley” para analizar el asunto. Parece que su análisis lo guardó bajo siete llaves. Mañana continuamos. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.