El Décimo Juzgado Constitucional admitió a trámite el hábeas corpus presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) en favor del suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por el presunto homicidio calificado de Eduardo Ruiz. La resolución judicial fue registrada el pasado 20 de octubre y cuestiona la legalidad de su detención preliminar por siete días.
El recurso plantea la nulidad de la medida dictada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, argumentando que se vulneró la Ley 32181, la cual protege a los agentes policiales bajo el principio de presunción de inocencia. Según el abogado Jesús Poma Zamudio, representante del IDL-POL, el magistrado no consideró esta norma pese a haber sido invocada durante la audiencia.
Dicha ley, vigente desde 2023, establece que no se puede ordenar detención preliminar a efectivos policiales que usen su arma reglamentaria durante el ejercicio de sus funciones, incluso si de ello resultan lesiones o fallecimientos. En esa línea, la defensa sostiene que el juez Abel Centeno Estrada debió imponer medidas menos restrictivas, como comparecencia con restricciones.
La acción también involucra al fiscal Roger Yana Yanqui, de la Fiscalía Supraprovincial en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, quien solicitó la detención. El Poder Judicial deberá evaluar si la medida fue conforme a la ley y determinar si vulneró los derechos del suboficial Magallanes. El caso ha generado atención pública por su impacto en el debate sobre el uso de la fuerza policial y la aplicación de la Ley 32181.
