MML se pronuncia tras fallo judicial y defiende elecciones complementarias en Lima
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se pronunció luego de que el 11.º Juzgado Constitucional del Poder Judicial del Perú se declarara incompetente para resolver la demanda de amparo presentada contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), relacionada con la inviabilidad de realizar elecciones complementarias en la capital.
De acuerdo con fuentes de un medio local, la resolución —emitida por la jueza Silvia Núñez Riva— establece que dicho juzgado no tiene competencia para ver el caso, debido a que su ámbito se limita a procesos constitucionales vinculados a materias tributarias, aduaneras, de mercado y casos relacionados con Indecopi. En ese sentido, el expediente fue derivado a otra instancia para continuar su trámite conforme a ley.
La comuna limeña informó, mediante un comunicado, que el proceso seguirá su curso en el 5.º Juzgado Constitucional, donde será evaluado por el magistrado correspondiente. “El expediente ha sido remitido a la instancia competente para garantizar el debido proceso”, señaló la entidad, remarcando que buscan que su demanda sea analizada por un órgano especializado.
El recurso legal fue impulsado por el alcalde Renzo Reggiardo, quien previamente recibió la autorización del Concejo Metropolitano para presentar la acción de amparo. La medida busca suspender los efectos del acuerdo del JNE, al considerar que impacta directamente en competencias municipales vinculadas al orden y la tranquilidad en el Centro Histórico de Lima.
Asimismo, la MML recordó que no es la única acción emprendida, ya que también se presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional del Perú (TC). Según indicaron, esta decisión responde a una presunta vulneración de sus atribuciones. “Se está afectando el derecho de millones de limeños interesados en sufragar”, sostiene la postura municipal.
Finalmente, especialistas citados por medios locales advirtieron que el caso podría derivar en cuestionamientos adicionales si se comprueba el uso de recursos municipales para fines legales ajenos a la gestión edil. Mientras tanto, el proceso continuará en la vía constitucional, en medio de un escenario marcado por tensiones entre las autoridades electorales y municipales.
