Cuando el poder tuerce las reglas del estado a los clubes privados
Por: Carlos Repetto Castro
En el país abundan leyes, estatutos y reglamentos que, en teoría, deberían ordenar la vida pública y privada. Sin embargo, cuando quienes detentan el poder deciden ignorarlos, las instituciones —sean del Estado o de clubes privados de prestigio— se vuelven escenarios de arbitrariedad. El problema no es la falta de normas, sino la cultura de impunidad que permite torcerlas sin consecuencias. El poder, además, suele confundirse con la licencia para ignorar las reglas. Lo vimos recientemente cuando, tras un allanamiento judicial contra un familiar de la máxima autoridad del país, la reacción no fue respetar la independencia de poderes, sino un despliegue político: la presidenta, flanqueada por todos sus ministros, defendió públicamente a un civil, como si el Estado entero estuviera al servicio de una causa personal.
Otro caso, más complejo, ocurrió en el Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia dispuso la reposición de una fiscal suprema que había sido destituida, lo que, en consecuencia, la colocaba en posición de asumir la conducción de la institución. Sin embargo, ya había otra autoridad designada como Fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos, quien se resistió a dar un paso al costado e interpuso un hábeas corpus preventivo. El Tribunal Constitucional, por su parte, declaró infundada una demanda competencial planteada por el propio Ministerio Público, confirmando que la Junta Nacional de Justicia sí tiene facultades disciplinarias sobre jueces y fiscales supremos.
El resultado: una abierta resistencia institucional dentro del propio Ministerio Público, donde cada órgano interpretó las normas según su conveniencia. Lo más preocupante es que estas conductas no se limitan al ámbito político. Se repiten en espacios privados donde se supone que el respeto por los estatutos y reglamentos es inquebrantable. En algunos clubes de prestigio, supuestamente integrados por personas de alto nivel cultural y académico, ocurre lo mismo: plazos ignorados, procedimientos alterados, sanciones impuestas antes de evaluar pruebas. Se fabrican “muñecos”, acusaciones que nunca existieron, solo para dar sustento a decisiones previamente tomadas.
La contradicción resulta evidente: quienes deberían ser ejemplo de institucionalidad reproducen las mismas prácticas que critican en el Estado. El poder, cuando se concentra, tiende a desbordar las barreras legales y estatutarias, instalando la noción de que la norma es relativa y puede ser manipulada según la conveniencia del momento. De allí surge una pregunta inevitable: ¿qué hacer cuando los encargados de sancionar se convierten en los primeros en vulnerar las reglas? La respuesta es clara: sancionar a los sancionadores. Mientras los guardianes de la norma actúen sin responsabilidad ni consecuencias, la impunidad se volverá estructural y la confianza ciudadana, ya debilitada, se extinguirá por completo.
(*) Ingeniero industrial, MBA en Finanzas, Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Email [email protected]
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