La tiranía de los representantes (V)

Si bien las personas ya no son consideradas como medios por los cuales el Estado consigue sus propios fines bajo una ideología sistémica determinada que en el siglo XX fue el nazismo alemán o el fascismo italiano a nivel de la historia universal, eso no puede significar la legitimación o justificación de comportamientos de determinados funcionarios públicos que se aprovechan de su cargo estatal para lucrar en perjuicio de las metas sociales del Estado, o para lograr la impunidad o mantenerse en impunidad protegiendo intereses personales o grupales de repartija de la “torta estatal”.

Los funcionarios públicos, y entre ellos los congresistas de la República, no están autorizados para lucrar a expensas del Estado, porque su función se resume en pocas palabras: el servicio público. Menos aún pueden pretender obtener impunidad por sus actos. Ningún Estado democrático de Derecho lo puede ni debe permitir.

Por ello nos preocupa sobremanera lo acontecido en el Congreso de la República el pasado miércoles 21 de Junio de 2023, porque el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita del ejercicio de la función pública por cinco años a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, la actual composición del Parlamento Nacional adoptó esa decisión por mayoría en la que se recomienda acusar constitucionalmente a la ahora ex fiscal suprema titular Ávalos por la  presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales relacionados con las investigaciones contra el ex presidente de la República, Pedro Castillo.

El problema está en que Ávalos habría formulado aproximadamente 43 denuncias constitucionales contra personas que habrían tenido altos cargos en el Estado, como el aprista Jorge del Castillo, el fujimorista Héctor Becerril, entre otros, así como contra congresistas que actualmente se encuentran en ejercicio.

El problema está en que Avalos habría interpretado el artículo 117 de la Constitución de una mejor manera que los anteriores fiscales de la Nación, entre los cuales estaba la ahora congresista Gladys Echaiz -que habría archivado varias denuncias contra el ex presidente Alan García-, y el hecho que esta actual congresista haya sido una de las principales impulsoras de la inhabilitación de la ahora ex fiscal suprema titular Zoraida Avalos, retrata la actual tragicomedia de la actual composición del Congreso de la República.

(*) Analista político

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