
El surrealismo más estrambótico se ha instalado en el corazón de la política peruana. ¡Qué duda cabe!. Evidencia su honda descomposición y el rumbo errático que la conduce a ninguna parte. No sólo vivimos una terrible de violencia criminal desnudando las carencias de las autoridades e instancias encargadas de conjurarla. Muy grave; pero más penoso resulta la incapacidad para atisbar, siquiera, visos de solución.
Prisioneros de la confusión más brutal, buena parte de la opinión y los medios de comunicación, apuntan a blancos inexistentes o inútiles, generando la ilusión que por allí se aliviara el drama nacional. ¡Terrible! La objetiva insignificancia del Gobierno boluartista torna cada vez más ocioso reclamarle algo (salvo que se largue).
Este sentimiento se vuelca al escenario del Congreso, creyéndose que la producción legislativa posee la magia para superar las urgencias que nos asfixian. ¡Espejismo mil veces fracasado, mas mil veces renacido!. Lamentablemente nuestra cultura política acoge al malsano chip, por el cual se cree que leyes tienen propiedades demiurgicas.
Basta la dación de una “buena ley” para que al instante, en un fiat lux, las penurias de la gente desaparecen o se atenúan. Esta confianza ingenua, estéril a postre, deposita esperanzas en normas que cambian los nombres a delitos ya tipificados por el Código Penal: “terrorismo urbano” y, ahora, “criminalidad sistemática”. ¡Aplausos!.
Después de la publicación en el diario oficial, según la recua de tontos la policía ya podrá capturar en masa a los gánster y destruir sus organizaciones. ¡Albricias!. Lo deseo de todo corazón, pero mucho temo que no verán tal maravilla.
Pero la estolidez llega a su culmen cuando paros, marchas y declaraciones de trasportistas exigen derogar la Ley Nº 32108, que modifica algunos artículos de la Ley contra el crimen organizado, sin saber –porque no la han leído siquiera– que nada tiene que hacer con legítimas demandas. Sin embargo, en este caso existe la artera maniobra de los caviares buscando recuperar poder para sus abusivos jueces y fiscales abusivos sigan haciendo de las suyas.
En efecto, la ley de apenas tres artículos, corrige la laxitud extrema del concepto de organización criminal de la anterior norma, del 2013. El texto era tan abierto y general que tres carteristas formaban una banda criminal. Esto permitía ufanarse (“mil bandas desbaratadas) sin haber atacado a las verdaderas, multiplicándose exponencialmente.
Doce años de cinismo oficial explica nuestra intemperie. Pero no para todos. Los caviares aprovecharon para que sus jueces y fiscales “interpretaran” que los partidos políticos eran “organizaciones criminales”. Y perseguir vesánicamente a la oposición.
La nueva definición –que obviamente no les gusta– responde a estándares internacionales y a lo mejor del derecho penal comparado, en cuanto a su características y gravedad de los delitos.
(*) Abogado constitucionalista