La paz es un valor objetivo de nuestra Constitución y es también un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos peruanos. Esta alusión (a la paz) aparece como consecuencia y en oposición a toda forma de violencia e intolerancia y subsidiariamente también a toda forma de injusticia social y de exclusión.
Se trata de una manifestación cultural que expone actitudes, valores y comportamientos que reflejan una vocación de respeto a la vida y la dignidad para sí y para los demás. En esa orientación expone cabal rechazo a cualquier expresión que esté destinada a perturbar la normal marcha del Estado y el ejercicio pleno de todos y cada uno de los ciudadanos.
El sosiego, la serenidad, la pasibilidad y la acción reposada implican una exigencia ética y cívica que en nuestro caso reclamamos hacia todos aquellos que por distintas razones pudieran encontrarse hoy en una acción de protesta, pero que en el caso específico de algunos conllevan a actos manifiestos y claros de subversión con la finalidad -obviamente- de destruir el Estado de derecho.
Es obligación del Gobierno hacer respetar el orden público y velar para que estos comportamientos no afecten la vida cotidiana de los ciudadanos. Por supuesto, también es una exigencia hacer aquello que no se ha hecho durante este gobierno: la ejecución de planes y programas que impliquen la promoción de igualdad de oportunidades en una sociedad en la que cada uno de nosotros haga lo que quiera y pueda hacer.
El Perú depende de sus buenos ciudadanos y excluye a aquellos que, levantando la bandera del odio y la lucha de clases promoviendo la confrontación y desasosiego para cumplir fines que no son democráticos ni que están destinados a salvaguardar la dignidad de las personas, intentan comprometer la vida de los ciudadanos en el marco de una transición política.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional
(*) Exministro de Justicia
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