La crisis política generada por los allanamientos al domicilio y al despacho de la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, en el marco de la investigación por el caso de los relojes Rolex, tiene un terrible impacto para la economía, pues genera una incertidumbre que resulta “venenosa” para la inversión privada, y frena el proceso de recuperación de la economía, opinó el exministro de Trabajo Jorge Gonzales Izquierdo.
“La inestabilidad acrecentó la incertidumbre, que es un veneno para la inversión privada, primero, y del consumo privado, después, lo cual no ayuda a recuperar la inversión privada a corto plazo”, advirtió el economista.
Añadió que, al haber tenido la noticia del allanamiento, la repercusión mundial ha generado desconfianza en empresarios extranjeros que evaluaban la posibilidad de invertir en el Perú.
Gonzales Izquierdo dijo que, desde enero de este año, las cifras económicas daban indicios de una recuperación tras haber culminado el 2023 en recesión, sin embargo, con este problema se corre el riesgo que se frene esta tendencia.
“Hay que evitar que la incertidumbre se mantenga o aumente, porque podría ser que los indicios favorables se vean frustrados”, expresó. Además, señaló que, en gran parte, la responsabilidad de que la crisis se haya agravado es de la presidenta por no haber dado explicaciones al país ni a la fiscalía sobre el origen de los relojes Rolex y la pulsera valorizada en varias decenas de miles de soles.
De otro lado, en opinión del exministro, es improbable que se logre la vacancia de la presidenta Boluarte, debido a los intereses políticos de los congresistas.
PERÚ LIBRE DENUNCIA CONSTITUCIONALMENTE A DINA BOLUARTE
La bancada de Perú Libre, por intermedio del congresista Elías Varas, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte en el marco de la polémica generada por el caso de los relojes Rolex y un presunto desbalance patrimonial.
En el documento, presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se pide inhabilitar a la jefa de Estado por un periodo de 10 años para el ejercicio de la función pública.
Varas Meléndez acuso a Boluarte por infringir los artículos 38 y 118 de la Constitución, y por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, además de vulnerar los art. 401 y 429 del Código Penal.
