Desde el punto de vista del sentido común, la percepción general de los peruanos respecto a las reales posibilidades de que el gobierno en funciones pueda generar mejoras en la seguridad frente al sostenido incremento de la violencia de la delincuencia y del crimen organizado resultan tan cercanas a cero como los niveles de aprobación de los tres poderes del Estado para febrero 2024.
Aproximarnos a un escenario de solución, asumiendo existan políticos capaces, nos obliga a considerar la imprescindible reforma institucional y estructural de la Policía Nacional considerando tanto hechos concretos que la explican como consideraciones factibles que justifiquen una real propuesta de solución.
En cuanto a los hechos, es posible afirmar que la reforma de 1985 que unificó en una sola fuerza policial a la Guardia Civil, a la Policía de Investigaciones y a la Guardia Republicana es un completo fracaso. Y lo es por haberse producido en plena lucha contra la organización terrorista Sendero Luminoso que para 1982 había anulado la capacidad de las tres fuerzas policiales en los lugares donde operaban, y que la reforma fue un verdadero caos desde su inicio.
Para el 2000 la PNP había sido débilmente reconstituida por el liderazgo político militar de la época, y que luego del cambio de régimen drásticamente fue conducida por un enfoque ideológico liberal progresista que paradójicamente incrementa su carácter militar, en contra de lo que señala la ley, mientras que es cooptada por el poder político de los gobiernos de turno. Consecuencias: hoy la PNP ha perdido severamente las capacidades que la Constitución le exige para prevenir el delito e investigar los crímenes, con una jerarquía falta de liderazgo, fuertemente politizada, débil disciplina, severos niveles de corrupción y peligrosamente infiltrada por el crimen organizado. Su reforma es imprescindible.
La reforma estructural de la PNP debe ir acompañada de liderazgo político y de la reforma del Ministerio Público que faciliten la refundación de la Guardia Civil, que con el fortalecimiento e institucionalización del Serenazgo sean responsables de la seguridad ciudadana y del orden público cumpliendo con la misión constitucional de prevención del delito; la refundación de la Policía de Investigaciones bajo la dirección del Ministerio Público (reformado) tal vez en el mismo sentido que el FBI de los Estados Unidos con la misión constitucional de investigación criminal; y por último la refundación de la Guardia Republicana dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, para asegurar el Orden Interno y los Servicios Públicos Esenciales; obviamente cada institución con sus especializaciones respectivas. El debate está abierto. La refundación policial en el Perú resulta impostergable.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia de la DINI
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