En la ciudad de Pucallpa, del 25 al 29 de noviembre, se realizó la Primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, en donde 41 pueblos originarios, provenientes de 12 departamentos del país, expusieron sus múltiples problemas ante las autoridades.
En la inauguración el defensor del pueblo, Dr. Josué Gutiérrez Cóndor, señaló la necesidad de construir políticas públicas diferenciadas para la población indígena, con el fin de una atención adecuada por parte del Estado a las necesidades esenciales. Esto bajo un enfoque intercultural, interseccional, de género y territorial, así como de carácter multisectorial e intergubernamental, a fin de garantizar el desarrollo colectivo e individual de las comunidades nativas del país. En Perú tenemos 55 comunidades indígenas, que habitan en más de 8 900 localidades. De ellas, el 93 % vive en la Amazonía y el otro 7 % en los Andes. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, más de la mitad de estas comunidades se concentran en las regiones de Loreto (18.3 %), Puno (15.3 %), Cusco (12.6 %) y Ayacucho (8.1 %).
Si bien nuestro país se jacta de contar con una gran diversidad tanto en recursos como en cultura, las comunidades indígenas son, probablemente, uno de los grupos más desatendidos por el Estado. Según la Organización de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza. Esto se alinea con lo observado en nuestro país, donde dos de cada diez hogares no disponen de alumbrado eléctrico. Además, casi el 30 % de hogares no cuenta con acceso a agua potable mediante una red pública y, por si eso fuera poco, una de cada cinco viviendas tiene como servicio de desagüe un pozo ciego (INEI, 2017).
A ello se suma el acceso al mercado laboral que es bastante limitado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el ámbito mundial, el 86 % de las personas con ascendencia indígena trabaja en la informalidad. El problema es mucho más profundo con las mujeres. En términos de educación, también se tienen cifras alarmantes. Según el último censo nacional, cuatro de cada diez hogares poseen un televisor en casa y solo uno de cada cuatro quechua hablantes tiene acceso a Internet (INEI, 2017).
Esta realidad nacional cada vez más profunda y que va en sentido opuesto a los propósitos que busca el Convenio n.° 169 de la OIT, debe llevarnos a la reflexión de buscar sinergias institucionales que nos permitan fortalecer la agenda pública y plantear políticas de Estado que procuren revertir sus brechas de acceso. Esto significa promover la atención en los ámbitos de la salud, trabajo y la educación; así como su participación y consulta en aspectos ineludibles para el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno.
(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali
