La democracia no puede ser ingenua

La reciente postura adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) en relación al caso de permitir la elección de ex condenados por el delito de terrorismo ha generado una gran discusión. Lo cierto y lo real es que el TC nos deja dos posiciones contradictorias.

Por un lado, admite, a través del expediente 015 del año 2018, que se encuentran impedidos de postular a cargos políticos aquellos ex funcionarios públicos que hubiesen cometido los delitos de colusión, peculado y corrupción de funcionarios, aún cuando se hubieran rehabilitado. Pero, por otro lado, les abre la puerta a los delincuentes terroristas.

Para ello, ente otras, se habría amparado en la legislación emanada de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, habría que recordar que ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Lone versus Honduras, este organismo ha señalado que el sufragio implica un medio fundamental que una sociedad democrática tiene para garantizar los demás derechos fundamentales.

Ha señalado, además, que el sufragio debe propiciar el fortalecimiento de la democracia. En consecuencia, no resultaría admisible otorgar las herramientas de la democracia para que existan grupos de personas que pudieran, desde esa instancia, seguir en la tarea de afectar los derechos fundamentales de la población, entre ellos los derechos a la vida, a la integridad física, a la paz, al progreso y al desarrollo.

En segundo lugar, hay que recordar que la Carta Democrática Interamericana plantea tres ideas básicas. Primero, que la OEA reconoce que la democracia es indispensable para la paz, para la estabilidad y el desarrollo de la región. Entonces, los Estados suscribientes de esa carta deben adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para proteger la democracia.

Segundo, indica que la promoción y protección de los Derechos Humanos de la población es fundamental para la existencia de una sociedad democrática.

Tercero, señala que la defensa de la democracia no se limita a los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales, sino que se requiere de esfuerzos permanentes para consolidarla y, por ende, prevenir y anticipar las causas que afectan el sistema democrático de Gobierno.

En esa línea, debe responder el Congreso de la República dictando una ley que, de alguna manera, levante este error conceptual que ha cometido el supremo intérprete de la Constitución. En suma, la democracia debe estar alerta de sus enemigos. La democracia no puede ser ingenua.

(*) Ex presidente del Tribunal Constitucional del Perú

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