En diferentes medios de comunicación hemos advertido desde hace varios años que existía un proceso creciente de politización de la justicia en el Perú. Esto llegó a su máxima expresión con un Tribunal Constitucional avalando el golpe de Estado que realizó el corrupto Martin Vizcarra el 30/09/2019. Cuestión que afortunadamente fue corregida por este Pleno y quedará cómo verdad histórica que aquello fue una ruptura del orden constitucional.
En el marco de esas irregularidades los tentáculos de la corrupción del “Lagarto” habían alcanzado a capturar el mecanismo de control y designación de jueces y fiscales con la caída del cuestionado CNM para reemplazarla por su herramienta favorita, su monstruo aún hoy vigente: la Junta Nacional de Justicia, desde donde lograba presionar al Poder Judicial y obtenía un grado de control total del Ministerio Público a través de su incondicional Zoraida Ávalos y de su aliado Pablo Sánchez.
El moqueguano incluso ejerció influencia para que el Colegio de Abogados de Lima no se renueve y no ponga un miembro más en el JNE, con lo que aspiraba también a tener cierto grado de maniobrabilidad electoral.
Uno de los episodios más terribles para la historia republicana fue el acoso y persecución política a un ex presidente constitucional: el caso Alan García que culminó con una terriblemente ejecutada intentona de detención, a todas luces irregular con un siniestro Colchado de operador.
Esto, por lo dicho por Villanueva, se planificó desde su impedimento de salida del país. No olvidemos además que el poder acompañaba esta sucia maniobra pues Vizcarra presionó al Uruguay para negar el asilo -ya conversadoal expresidente aprista.
Quisieron luego tapar esas arbitrariedades usando al felón Nava y al delincuente de Atala para dar testimonios falsos y enlodar a Alan.
Recuerdo que el mismo 30 de abril de 2019, día en que se conoció la declaración de Atala, declaré en una emisora radial que el susodicho mentía dejando a la luz sus incoherencias. La campaña fue terrible contra de AGP y el APRA.
Hoy, gracias a las declaraciones de Jaime Villanueva sabemos que una mafia que operaba desde dentro del Ministerio Público -Pablo Sánchez, Vela Barba y Pérez- junto con una dirección externa -Gustavo Gorriti- construyeron un cerco criminal alrededor de Alan, atropellando sus derechos con el objetivo de apresarlo y humillarlo. Actuaron de mala fe y con crueldad. La decisión del expresidente fue la culminación luctuosa de todas estas arbitrariedades, y aún después de fallecido han querido seguir tratando de que se instale el sentido común de que era culpable.
Hoy que esta trama se ve al descubierto exigimos justicia para Alan y para el APRA y que estos malos elementos sean separados del Ministerio Público -que requiere una urgente reorganización- y que la impunidad con la que ha actuado por años Gorriti cese de una vez por todas y responda ante la justicia.
La cuestionada JNJ no puede rehuir esto en el caso de Sánchez y Control Interno del MP tampoco en el caso de Vela y Pérez.
(*) Director del portal web Punto de Encuentro
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