
La inseguridad ciudadana que nos atormenta, debido a la deficiencia de las normas y las autoridades policiales, se incrementa por la baja calidad de muchos jueces y fiscales encargados de investigar y sancionar los hechos delictivos. A diario vemos cómo la delincuencia aumenta por la falta de sanciones ejemplares y drásticas que la ley peruana tiene en sus códigos, pero que no se utilizan como debe ser, ya sea por incapacidad o desconocimiento de los jueces y fiscales. Por ello, se debe realizar un control de las actividades jurisdiccionales de los jueces y fiscales.
No es posible que un juez emita resoluciones que en su gran mayoría sean anuladas o revocadas por los organismos superiores, o que los fiscales formalicen denuncias que no pasan ni el control acusatorio, o que los denunciados salgan absueltos en su gran mayoría. A esto se suma la demora en la tramitación de los procesos. ¿Cómo es posible que una investigación en etapa preparatoria por parte de la fiscalía se demore 3 años y luego pida una prórroga por 3 años más, y encima el proceso demore otros 3 o 4 años? ¿Se necesitan 7 u 8 años para sancionar un delito?
Alejandro Toledo terminó su mandato en 2006 y recién este año tiene una sentencia. Kuczynski terminó su mandato en 2018 y aún ni empieza su proceso. La señora Villarán dejó la alcaldía de Lima en 2014 y aún nada. Ollanta Humala terminó en 2016 y hasta ahora nada. Nos preguntamos dónde están los organismos de control. Solo tenemos un organismo que se dedica a sancionar inconductas de algunos magistrados y servidores, detectadas por los escándalos periodísticos. No existe un órgano que controle la operatividad, el funcionamiento y la capacidad de esos jueces y fiscales que a diario vemos dar libertad a tremendos delincuentes, y muchos como los que hemos referido no hacen nada.
¿Por qué? Encima de todo esto, vemos que a un ladrón que roba un celular le dan 12 años de cárcel, mientras que a un corrupto que roba millones le dan 5 o 6 años luego de un juicio de 10 años. Vemos cómo a funcionarios corruptos los detienen por 15 días o un par de meses y luego salen libres. Urge la creación de un organismo que controle y sancione la capacidad, la idoneidad, el desarrollo y la correcta administración de justicia de acuerdo a la ley y los criterios ya creados y existentes. No se deben permitir esas sentencias nulas o revocadas ni esas denuncias deficientes sin elementos de convicción.
Este sería un gran punto de partida si queremos mejorar el sistema. Nuestro staff de abogados siempre a la vanguardia de nuestra legislación, garantiza todos estos derechos de nuestros patrocinados y seguidores de LA NOTICIA, a quienes con gusto atendemos previa cita al 4713246, al correo electrónico [email protected], o la página web www.gagoabogados.com
(*) Abogado penalista.