La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió un proceso inmediato disciplinario de destitución contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y otros cuatro jueces supremos por presuntamente haber incurrido en un supuesto error en un juicio de naturaleza laboral.
Además de Tello, el proceso es contra los jueces Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano, por su desempeño en un proceso que estuvo a su cargo, cuando integraban la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Todos ellos podrían ser suspendidos en sus funciones si así lo decide la JNJ.
Se informó que el procedimiento administrativo que podría terminar en la destitución de la máxima autoridad del Poder Judicial fue promovido por la vicepresidenta de la JNJ, y excongresista María Teresa Cabrera Vega.
Dicha propuesta contó con el voto favorable del presidente de la JNJ, Gino Augusto Tomás Ríos Patio, así como de los consejeros Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic Gonzales. En contra votaron los consejeros, magistrados Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi y Rafael Ruiz.
Al respecto, la presidenta del Poder Judicial, a través de un comunicado, señaló que, “de confirmarse esa información, esperemos con serenidad la notificación del mencionado organismo, a fin de ejercer nuestro derecho de defensa, como corresponde a cualquier procedimiento que respete el debido proceso” .
“Empero, resulta preocupante que el referido procedimiento haya sido dispuesto bajo un trámite célere, reservado, para casos de suma gravedad. Debo señalar que mi línea de conducta, durante toda mi carrera judicial, siempre ha sido y es de apego a la ley a la Constitución”, agrega.
CAL RESPALDA A LA TITULAR DEL PJ
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tras la apertura de un proceso disciplinario en su contra por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En un comunicado, el CAL calificó la medida como un “evidente acoso político” y alertó sobre una posible afectación a la independencia judicial.
