Alrededor de 1,800 trabajadores, más del 50 % de su planilla, serían cesados en los próximos 30 días como consecuencia del decreto de urgencia emitido por el Gobierno.
Se supo que la reorganización interna prevista reduciría la plantilla a apenas 600 empleados para sostener operaciones a nivel nacional. A fin de ejecutar los ceses masivos, el decreto autoriza un aporte de capital de hasta S/ 240 millones, destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones laborales.
El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, advierte que el decreto utiliza de forma textual el Decreto Legislativo 674, base legal de las privatizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori. “Evitan usar la palabra privatización, pero el diseño del decreto conduce claramente a ese proceso”, manifestó.
