“En la historia de ONPE hay una estela de corrupción”
Expresidente del TC, Víctor García Toma, dice que es necesario esclarecer las cosas con una auditoría no solo en términos electorales, sino también de carácter penal
- Víctor García Toma señaló que la ONPE arrastra una “estela de corrupción” con jefes destituidos y gestiones cuestionadas, mientras funcionarios rotan entre JNE, RENIEC y la propia ONPE. Criticó la falta de firmeza del JNE y afirmó que la responsabilidad principal recae en la incompetencia de la ONPE.
POR: CARLOS RIVERO Y MANUEL BALDOCEDA
El exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, en entrevista con La Noticia al Día en La Noticia TV (canal 27.2 en Best Cable y 203 en Cable Go), consideró fundamental la realización de una auditoría para esclarecer las graves irregularidades en las elecciones y determinar las responsabilidades administrativas y penales de los responsables.
El JNE proclamó los resultados de las elecciones a pesar de las denuncias por irregularidades.
En primer lugar, necesariamente se debe hacer la auditoría para esclarecer las cosas no solo en términos electorales, sino también de carácter penal. La Constitución señala que el 26 de julio los representantes del Congreso electos deben presentar sus credenciales e instalarse formalmente el 27. El 28 deben jurar el presidente de la República y su gabinete. El JNE no puede hacer aquello que la Constitución o la ley orgánica no le permite. Personalmente, creo que dentro del marco de la ley y en relación con la predicción de las consecuencias (alteración de la paz y el orden público), si bien la decisión no deja contento a nadie, es la más razonable y permite al país avanzar con cierta precariedad.
¿Si se aprobó hacer elecciones complementarias el 13 de abril, por qué se rechazó la posibilidad de declarar nulas las elecciones?
La decisión de prorrogar las elecciones hasta el lunes ya tiene serios problemas de legalidad. La medida se tomó para ser tolerantes con miles de ciudadanos que se vieron perjudicados; pero ir más allá y plantear una nulidad que la ley no reconoce significaría desaparecer el Estado de derecho. Además, habría que pedirle al Congreso que dicte un nuevo marco normativo para llevar a cabo esas elecciones, que no podrían realizarse antes de un año, lo que implicaría que el presidente y el Congreso se mantengan por ese tiempo.
La crisis generada es entera responsabilidad de la ONPE o es compartida con el JNE
A lo largo de la historia de la ONPE hay una estela de corrupción. Tuesta fue destituido, Castillo destituido, Corvetto será destituido. El único que no fue destituido fue el señor Cucho, pero la JNJ no le renovó el mandato, es decir, no aprobó su gestión. Hay personas que han conducido la ONPE, pero después rotan por el sistema: están en el JNE, RENIEC y la misma ONPE, algunos dentro de la institución y otros a través de contratos de asesoría. Ese grupo ha venido mangoneando administrativamente la elección. En cuanto al JNE, creo que le faltó firmeza. Si el sábado conocían los graves problemas en la ONPE, debieron pedir al presidente Balcázar que, mediante un decreto de urgencia, corra la fecha de elección para el lunes 13 y realizar un proceso administrativamente decente. Hay una responsabilidad conjunta, pero en especial de la ONPE, por su incompetencia.
¿De qué manera se afecta la institucionalidad con esta situación de tantas irregularidades?
La institucionalidad en el país está por los suelos. Ni por humanidad podemos aprobar la gestión del Congreso. En cinco años hemos tenido cuatro presidentes, y cada uno peor que el otro. Nuestro sistema judicial solo genera indignación y horror. Hay pequeñas islas donde la institucionalidad genera respeto. La labor del próximo gobierno será reconstituir esas instituciones. Necesitamos combatir la criminalidad y un Poder Judicial que resuelva controversias jurídicas con eficiencia, eficacia y honradez. Urge una reforma de justicia que demorará varios periodos. Los primeros interesados en que las cosas no cambien son los propios jueces y fiscales, salvo honrosas excepciones.
¿Con qué ánimo puede ir la ciudadanía a votar en la segunda vuelta?
Entiendo y comparto la molestia, la indignación y la frustración de un sector de la población, sobre todo aquella que con legítima indignación conduce López Aliaga, gran afectado por las mesas que se instalaron muchas horas después y desalentaron a muchos votantes. Pero también está el otro sector que puede tomar la anulación parcial o total de este proceso como un acto de manipulación limeña. Ahora se viene la segunda vuelta, y a casi el 70% de la población no le gustan los candidatos que están en ella. No pongo rostros, pero creo que el ciudadano debe ser consciente: si apostamos por una democracia representativa y un Estado democrático y social de derecho, hablamos de un modelo de economía social de mercado y del respeto a los derechos fundamentales. O estamos frente a un modelo estatista de democracia popular. Debemos definir si seguimos el camino de la Alianza del Pacífico o retrocedemos al modelo de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina.
¿Quién salga elegido tendrá en su contra un alto porcentaje de descontento ciudadano?
Al margen de quién sea el ganador, tiene la obligación de generar un gobierno de unidad nacional en lucha frontal contra la corrupción interna y la que corroe todas las instituciones del Estado. La división entre limeños y provincianos es fruto de la inoperancia de los Gobiernos Regionales. El Estado les destina presupuesto para carreteras, hospitales y escuelas, pero no lo ejecutan por incompetencia y corrupción, y cuando surgen problemas sociales responsabilizan al Estado.
CONSTITUCIÓN SOLO PUEDE SER ALTERADA CON UNA REFORMA
¿Qué opina sobre la propuesta de Roberto Sánchez de cambiar la Constitución?
La Constitución solo puede ser alterada mediante un proceso de reforma, que en este caso sería una Asamblea Constituyente, no regulada en la Carta Magna y que requeriría un gran acuerdo nacional. Nuestro sistema político es republicano, democrático y social. El modelo económico es de economía social de mercado, con participación del Estado para brindar servicios a la población, sin renunciar al control, regulación e intervención cuando el mercado es captado por cárteles empresariales. Lo importante es hacer reformas serias que acerquen la Constitución a la realidad.
