Una de las pruebas más contundentes presentadas por la Fiscalía de la Nación contra la exalcaldesa Susana Villarán, cuyo juicio por el caso Rutas de Lima se iniciará en mayo próximo, es una serie de fotografías de una reunión casi clandestina donde ella aparece junto al entonces representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, así como otros altos exejecutivos de la constructora brasileña.
Las imágenes, dadas a conocer en abril del 2017 por el programa “Panorama” en el reportaje titulado “Caso Odebrecht: salen a la luz fotos inéditas de Susana Villarán reunida con Jorge Barata”, cobran mayor relevancia ahora que el Poder Judicial autorizó el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima y otros por los presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar tanto su campaña por el “NO” a su revocatoria en el 2013 como para su reelección.
Lo que más despierta a suspicacias es el hecho de que, en los libros de visitas de la Municipalidad de Lima, dicha reunión, que se dio dos meses antes del proceso de revocatoria, no aparece en los registros el día. Las fotografías no se difundieron, se guardaron bajo siete llaves a pesar de que se trataba de la firma de la concesión más importante del gobierno municipal de Susana Villarán.
La reunión casi clandestina se realizó el 9 de enero del 2013, día en el que se suscribió el contrato de Rutas de Lima. Susana Villarán aparece sonriente junto a Jorge Barata y un séquito de exejecutivos de Odebrecht en la misma Municipalidad de Lima para concretar el desventajoso contrato y entregar los peajes de la ciudad a Odebrecht.
Piden 29 años para exalcaldesa de Lima
La Fiscalía de la Nación ha pedido 29 años de prisión contra la exalcaldesa Susana Villarán, al acusarla por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del estado.
En la acusación fiscal también fueron comprendidos los exfuncionarios de la comuna capitalina José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros, para quienes se ha solicitado penas de entre 9 a 25 años de prisión.
