“Fiscalía toma a la presidenta como objetivo político”

• El expresidente del TC, Víctor García Toma, indica que, pareciera que la intención de la Fiscalía de la Nación fuera tener el país en vilo ya no desde la escena política sino desde el escenario judicial.

POR CARLOS RIVERO MELGAR

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma, en entrevista con nuestro canal digital La Noticia Perú, refiere que la acción de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de presentar cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte, tienen dos efectos perversos: el descrédito absoluto del Ministerio Público y la quiebra de la estabilidad política.

¿Cuál es su opinión sobre la Fiscalía de la Nación que presentó hasta cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte en 48 horas?

Llama mucho la atención la cantidad de carpetas fiscales que se han abierto contra la presidenta de la República, quien merece respeto por la investidura. Lamentablemente el Ministerio Público, al presentar cinco carpetas en solo 48 horas, denota que ha tomado la presidenta de la República como un objetivo político y lo mismo sucede con varias de las denuncias que se han hecho contra algunos miembros del Parlamento. Por ejemplo, aquella muy curiosa en donde se denunció a algunos parlamentarios por votar por una ley que, de conformidad con una sentencia del TC, señalaba que el cobro de una remuneración y de una pensión no era ilícita, sino que correspondía a dos derechos diferentes, más aún cuando el propio Ministerio Público había adoptado esa medida y la había aplicado para un personaje muy conocido como el portavoz de la fiscal de la Nación. En el caso de la presidenta, el artículo 117 solo permite acusar a la figura presidencial por cuatro casos como traición a la patria, cierre del Congreso etc., todas las demás denuncias no pueden ser admitidas ni tramitadas hasta que concluya su periodo presidencial, es decir, al presentar estas denuncias al Congreso y dar la impresión de que al rechazarlas, porque la van a tener que rechazar, se estuviera blindando a la presidenta y asignándole ahí una cuota de impunidad encubierta del Congreso. Eso, evidentemente, implica dos cosas: o hay una mala fe política o implica una ignorancia supina, en ambos casos es condenable el comportamiento del Ministerio Público.

Es difícil pensar que la fiscal de la Nación no conozca esto, pareciera una prueba más de la politización de la justicia.

O pueden darse las dos figuras, porque la fiscal de la Nación no ha dado muestras, a lo largo de su experiencia profesional, que tenga un signo notorio de idoneidad, de conocimiento cabal de la ley, lamentablemente, hoy el personal que se recluta para el sistema judicial no necesariamente es el que más representativo del cuerpo de abogados, entonces pudiera ser que en todo caso se trate de ambas circunstancias que se asocian lo cual hace aún más grave el asunto.

¿Se ha experimentado una situación como esa de que se presente cinco denuncias constitucionales en menos de 48 horas?

No, y que además se haya avalado el allanamiento con violencia de la casa de la presidenta de la república, es decir hay un conjunto de sin sentidos que tienen dos efectos perversos: primero, el descrédito absoluto del Ministerio Público y en segundo lugar la quiebra de la estabilidad política, de la gobernabilidad. Pareciera que la intención fuera tener el país en vilo ya no desde la escena política sino desde el escenario judicial.

No se defiende a la presidenta, sí a la investidura….

Además, ni siquiera estamos defendiendo la investidura, estamos defendiendo el leal cumplimiento de lo que dice la Constitución, o sea ni siquiera es una cuestión de cortesía ni de sentido común, de apuntalamiento al sistema político, sino porque hay normas que están prescritas en la Constitución y estas deben ser cumplidas.

¿Se vendrán más denuncias constitucionales hasta el final del gobierno?

Le agrego una papita más al caldo, hay una disposición de la Junta de Fiscales de no dar cumplimiento a una ley. De acuerdo con la Constitución, el Ministerio público es el garante de la legalidad, o sea es el primero que debiera tener una fidelidad al cumplimiento pleno de la Constitución y la ley, sin embargo habiéndose dictado una norma sobre el tema de la investigación en relación a la participación de la policía uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esa norma tiene presunción de constitucionalidad y en tanto no haya un pronunciamiento expreso en el sentido del que alude, todos estamos obligados a cumplirla. Si ese ejemplo se da desde el Ministerio Público, entonces por qué tendría que extrañar que los dueños de los de las motos se nieguen a usar chalecos. Ese es el mal ejemplo que se le da a la ciudadanía.

También desde el Ministerio Público se busca frenar el regreso del fiscal Tomás Gálvez, incluso, buscan suspenderlo.

Hay una decisión del TC sobre su reposición y esta no se ha oficializado, y lo sabe la doctora Delia Espinosa, porque para poder ejercer el cargo de fiscal se debe tener un título habilitante que lo otorga la Junta Nacional de Justicia. Entonces, pedir la suspensión de algo que aún no se ocupa da señales, además que se alude aquí hay una investigación en curso, pero sucede que esa investigación no está en manos del Ministerio Público, está en la Subcomisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, entonces la pregunta es ¿la fiscal sabe cabalmente lo que está haciendo? yo creo que no puede desconocer que dentro de algunos días el juez desestime este pedido con lo cual el bochorno y la vergüenza va a ser terrible.

EN CONTRA DEL REGRESO DE LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

Víctor García Toma sostiene que en un Congreso donde no hay partidos políticos consolidados y que no tienen intereses colectivos no es recomendable el regreso de la inmunidad parlamentaria. “Eso puede servir para coadyuvar a la impunidad… No se justifica que un órgano de representación con solo 4 % de aprobación tome esta medida, el tema no es legal, es de legitimación ante la ciudadanía, en consecuencia, sería un premio inmerecido a este congreso y probablemente al que venga porque el sistema electoral que ha diseñado el señor Vizcarra es tan perverso como sus políticas de salud en relación al combate del covid”, apuntó.