Política

Fiscalía pide 10 años de prisión para Ollanta Humala por colusión agravada

La Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur pidió 10 años y 4 meses de prisión contra el expresidente Ollanta Humala Tasso, y el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Los cargos son por un presunto delito de colusión agravada, que perjudicó al Estado en el 2012.

Según el 1° Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Humala habría intervenido para que Gómez Rodríguez llegara a un acuerdo con Shafrir Paz, representante de la empresa israelí Verint Systems Ltd.

El acuerdo era para comprar un equipo especial de interceptación telefónica, valorado en US$21 millones 600,000. Este equipo formaba parte de un proyecto llamado “Proyecto Pisco”, explicó el Ministerio Público en sus redes sociales. Después de comprar el equipo, se donó al Ministerio del Interior para que lo usara la Dirección de Inteligencia de la PNP. Sin embargo, el “Proyecto Pisco” nunca se puso en marcha. Estos hechos ocurrieron cuando la institución contaba con un presupuesto especial de 20 millones de soles.

La acusación, a cargo del fiscal provincial anticorrupción Hugo Minaya Paulin, también incluye a Iván Julio Kamisaki Sotomayor, exjefe del gabinete de asesores de la DINI; y a Shafrir Paz.

Cabe recordar que, en 2011, Humala designó como jefe de la DINI al capitán del Ejército (r) Víctor Gómez Rodríguez. Este fue su compañero en la promoción “Héroes de Pucará” en la Escuela Militar de Chorrillos, lo cual evidenció en ese entonces que Humala Tasso si otorgó puestos estratégicos en favor de personas de su extrema confianza.

ENFRENTA OTRAS INVESTIGACIONES

Ollanta Humala enfrenta otras investigaciones fiscales. Hace unos días, el Ministerio Público solicitó la revocación del beneficio de colaboración eficaz otorgado al exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, después de que este último no testificara en el juicio contra Humala por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

Además, enfrenta una investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir en relación con el proyecto Gasoducto Sur.

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