La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, amplió hasta por ocho meses el plazo de la investigación preliminar que se sigue contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, y otros por los fallecidos y heridos durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero de 2023 tras la caída del golpista Pedro Castillo y la asunción al mando de la jefa de Estado.
La medida responde a que se tendrá más plazo para que se puedan realizar varios actos de investigación que están pendientes, a fin de establecer las responsabilidades del caso.
Benavides dispuso que durante este periodo se reciban las declaraciones en calidad de testigos de la canciller Ana Cecilia Gervasi Díaz, los titulares de las carteras de Economía y Finanzas, Álex Contreras, y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini Montes.
Igualmente, se convocará a los exministros Luis Alfonso Adrianzén, Óscar Becerra, Rosa Gutiérrez, Paola Lazarte y Nelly Paredes. Además, se citará a los jefes de las FF.AA. y de la PNP, así como a los familiares de los fallecidos.
