El pedido de facultades delegadas formulado por el régimen de Pedro Castillo al Congreso para legislar sobre materias tributarias, cuando el gabinete ministerial ni siquiera ha recibido el voto de confianza, resulta un despropósito político en la medida en que –por lo menos teóricamente– los legisladores podrían otorgar dicha potestad a un consejo de ministros de salida. Pero la médula del problema no está ahí, sino en la comprobada existencia de un Gobierno comunista y formalmente errático en el que el ministro de Economía habla de economía social de mercado, la presidenta del propio Consejo de Ministros se refiere al respeto a la inversión privada y el hombre del sombrero, en simultáneo, plantea la expropiación del gas de Camisea.
No puede confiarse en la palabra de un régimen en el que sus integrantes comunistas, senderistas y caviares coinciden en el objetivo de una nueva Constitución calcada de la cubana, pero plantean y desarrollan diversas estrategias para exhibir una falsa convicción democrática que les sirva para avanzar en su designio de destruir el sistema. Por otro lado, el gobierno está pidiendo 120 días de facultades delegadas lo que no daría tiempo suficiente para que el Congreso ejerza el control de legalidad respecto del impuesto a la renta y abriría la puerta para que Castillo y sus compañeros de viaje hagan realmente lo que quieran en ese plazo.
La reforma de Pedro Francke pretende gravar más a los que más tienen, pero no intenta ampliar la base tributaria más allá de su estrecho circuito actual sin propiciar la incorporación de ese enorme sector informal que es un auténtico motor de la economía pero que no tributa o lo hace en muy baja proporción, pero que sí reclama los servicios del Estado. Por otro lado, el nivel de ejecución presupuestal, especialmente en las regiones pero también en el gobierno central, siempre deja un margen muy alto de devolución de fondos al Tesoro Público, lo cual es previsible que se acentúe con este gobierno plagado de incompetencia y errática improvisación.
Francke tampoco ha presentado un programa viable de reactivación que comprenda a la reciente y, según ha señalado, exitosa emisión de bonos por 4 mil millones de dólares y olvidó que la corrupción se reparte no menos de 25 mil millones de soles anuales. En suma, lo que debe hacer el gobierno es presentar al Congreso el paquete legislativo que piensa lanzar para su discusión transparente y democrática y fiscalización previa. Sin facultades legislativas delegadas.
(*) Presidente de Perú Nación
(*) Presidente del Consejo por la Paz
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
