La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que emita su informe final sobre la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, acusado de ser presunto instigador del delito de colusión simple y agravada en perjuicio del Estado.
La acusación, presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, señala que Otárola habría ejercido una injerencia funcional indebida en contrataciones públicas, favoreciendo a personas de su entorno personal y profesional.
En específico, se le imputa haber concertado ilícitamente con dos directivos de Devida para beneficiar a Rosa Pierina Rivera Bermeo con dos órdenes de servicio, lo cual constituiría un delito contra la administración pública, conforme al artículo 384 del Código Penal.
Junto con este caso, la Comisión Permanente también dispuso el mismo plazo de 15 días para que la subcomisión resuelva las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.
La denuncia contra Espinoza Valenzuela (N.° 560) fue interpuesta por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien la acusa de infracción constitucional y abuso de autoridad. Según la denuncia, la fiscal habría filtrado información reservada de una investigación fiscal en su contra. Santiváñez ha solicitado su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
En el caso de Jorge Luis Salas Arenas, la Denuncia Constitucional N.° 275, presentada por el ciudadano Jesús Gumercindo Zavaleta Mendoza, lo acusa de infringir los artículos 31, 35, 38 y 39 de la Constitución, así como de la presunta comisión del delito de omisión de actos funcionales, según el artículo 377 del Código Penal.
