Expertos sostienen que ‘Plan Bukele’ no puede aplicarse en nuestro país
Eduardo Pérez Rocha y José Luis Gil piden fortalecer con tecnología a PNP y FF.AA.
En momentos en que el Perú afronta una de las mayores crisis de inseguridad ciudadana, actores políticos y alcaldes se han pronunciado a favor de replicar el ‘Plan Bukele’ en nuestro país. Sin embargo, expertos en estrategias de seguridad, el exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha, así como el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Gil Becerra, sostienen que su aplicación no es posible en el Perú.
Consultados por La Noticia, resaltaron que el Perú tiene marcos legales diferentes a los de El Salvador. “El ‘Plan Bukele’ no se puede ejecutar en el Perú porque estamos inscritos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello tendríamos que renunciar a la CIDH. Eso es imposible y no conviene. Y segundo: aquí no se puede privar de la libertad a cualquier persona solamente por sospecha. Aquí tiene que ser de acuerdo a la Constitución que indica que uno puede ser detenido por flagrancia del delito y por orden judicial”, explicó Pérez Rocha.
No obstante, rescató algunos aspectos de dicho plan que redujo la delincuencia en el país centroamericano. “Lo único rescatable del plan es capacitar y equipar con tecnología y logística a la Policía para prevención; el segundo aspecto sería establecer la construcción de penales”, afirmó.
Por su parte, Gil Becerra explicó que el presidente salvadoreño Nayib Bukele dio cuatro pasos concretos, entre ellos le dijo “no a la CIDH”; a nivel político logró una mayoría congresal potente a su favor y fortaleció a las fuerzas del orden. “Pero en el Perú estamos muy lejos de esto”, afirmó.
¿QUÉ ES EL DENOMINADO “PLAN BUKELE?
El “Plan Bukele” se inició el 18 de junio de 2019, cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la ejecución de una estrategia para combatir a los grupos criminales.
Aseguró que el plan se enfocaría en tres áreas: control de centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Dicho plan pretendía la recuperación de territorios controlados por las maras salvatruchas y pandillas. “Se construyó un centro penitenciario para 90 mil detenidos. Actualmente, hay entre 65 a 70 mil detenidos, pero ninguno con sanción penal sino el hecho de la sospecha”, advirtió Pérez Rocha.
