En su obra El Dieciocho de Brumario y Luis Bonaparte, Karl Marx sostuvo que cuando la historia se repite: “Primero es como tragedia y después como farsa”.
La frase cobra validez cuando Roberto Sánchez sostiene su oferta electoral en la réplica del trágico y errático gobierno de Pedro Castillo. Es su paradigma, su estela, norte y guía, como si los peruanos hubiéramos perdido la memoria. Como si no se hubiera vivido el desastre político, la fuga de capitales, el incremento de la pobreza, el deterioro de la salud y la educación, la violencia criminal, etc., en los últimos años. El uso de un sombrero hechizo, inauténtico, como símbolo político, revela esa pérfida voluntad donde el futuro prolonga los yerros del pasado.
Es ahí donde la tragedia gubernamental castillista dimana en farsa. No solo por el circo y la comicidad de las propuestas absurdas, las conductas ridículas y la ausencia infeliz de alternativas programáticas, sino especialmente por las mentiras impúdicas, disparadas a granel, sin ningún escrúpulo ni vergüenza. Así se ha ido elaborando una narrativa fantasiosa, donde la función de gobierno nacional habría sido ejercida por el Congreso, en una suerte de mutación hacia el parlamentarismo como régimen. Se trata de un retintín carente de todo fundamento.
Porque el Perú es presidencialista, en la medida en que el jefe de Estado es también jefe de Gobierno, cosa que jamás sucede en los países parlamentaristas. Nuestro Congreso no gobierna, no hace obras, no presta servicios ni siquiera otorga autorizaciones. Su función es distinta: fiscalizar la actuación gubernamental y dictar leyes que enmarcan las tareas de gobierno. En ningún caso es Poder Ejecutivo.
El otro falaz relato es el que niega la calidad de democracia al régimen político peruano. Este juego discursivo permite a la izquierda radical y a los caviares justificar sus acciones insurreccionales y todo tipo de maniobras judiciales para violentar el Estado de derecho. Da pie incluso a la Asamblea Constituyente, pues son menester otras reglas políticas fundamentales que plasmen una “nueva democracia”, irónica manera de aludir a su vieja dictadura.
El último infundio acuñado es el de las “leyes procrimen” expedidas por el Parlamento. Nada más mentiroso. Pero han logrado cierta audiencia en base a su constante reiteración y a la falta de respuesta por el lado congresal.
En verdad, no son sino normas de derecho procesal penal que han limitado el poder abusivo de jueces y fiscales hacia las personas en general, especialmente las que tenían algún cargo público. Pero ninguna de ellas limita la lucha contra la violencia provocada por el crimen de verdad y sus organizaciones. Eso sí, ante los cuales los “valientes” jueces y fiscales son cómplices timoratos. ¿Cuántos delincuentes capturados por la Policía Nacional han sido liberados por sus conductas displicentes y cobardes?
(*) Abogado constitucionalista
