En el Congreso evalúan fallo del Poder Judicial sobre integrante del Tribunal Constitucional
Para juramentación de jurista cuya elección se realizó de acuerdo a ley
Mientras en el Congreso de la República continúa el trámite para sustituir a los seis magistrados que cesaron en el Tribunal Constitucional (TC), la presidente del Legislativo, Mirtha Vásquez, deberá dar cumplimiento de un mandato del Poder Judicial que la obliga a cumplir con el petitorio del Colegio de Abogados de Lima respecto al abogado Javier Ríos Castillo. La elección de este letrado no se comunicó al TC para la juramentación correspondiente, a pesar de que su proceso de elección fue de acuerdo a ley y no dejó ningún trámite pendiente.
La comunicación también fue puesta en conocimiento de los congresistas Luis Valdez Farías, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, y de Rolando Ruiz Pinedo, presidente de la Comisión Especial para la Elección de Magistrados del TC.
El abogado Ríos Castillo fue uno de los cuatro magistrados electos por el Congreso en el año 2007, pero un escándalo periodístico que estalló tras la publicación de una fotografía, en la que aparece almorzando en compañía de un grupo de personas mediáticas, provocó que se dejara sin efecto su nombramiento. Desde entonces, el jurista inició una serie de acciones legales para solicitar que se esclarezcan las cosas.
El centro de la discusión, desde el primer momento, fue que a raíz del escándalo, el abogado Ríos aparentemente formuló su renuncia a su elección. Sin embargo, Ríos demostró, con documentos oficiales, que lo que presentó no fue una renuncia sino una declinación y que esta quedó anulada con su desistimiento legal presentado –mediante carta notarial– ante la presidencia del Congreso de la República.
Ríos Castillo considera que hubo motivaciones políticas en las decisiones que finalmente le quitaron la posibilidad de juramentar al cargo ante el Pleno del Tribunal Constitucional.
El documento remitido a la presidenta Mirtha Vásquez, que ya fue admitido a trámite, la exhorta a cumplir el fallo que ha sido favorable al abogado en todas las instancias del Poder Judicial, lo cual debería transformarse en una resolución legislativa que notifique al Tribunal Constitucional la elección.
