El expresidente Pedro Castillo continuará recluido en el penal de Barbadillo tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró improcedente la demanda de habeas corpus que presentó su defensa.
En el requerimiento de los abogados Andrés Coello Cruz y Manuel Coello Cáceres se buscaba la liberación de Castillo y su reposición en Palacio de Gobierno, al sostener que se vulneraron varios derechos fundamentales del exjefe de Estado.
La defensa de Castillo presentó el recurso contra diversas figuras y entidades, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de la República, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la exfiscal de la nación Patricia Benavides y el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Los abogados de Castillo alegaban que su cliente era víctima de una conspiración delictiva entre el Congreso, el Ministerio Público, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y el juez Checkley, lo que habría llevado a su encarcelación tras el fallido de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
