“El TC debe corregir al juez Carhuancho”

• Ernesto Álvarez sostiene que un ejemplo de injusticia es el caso del chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien pusieron como parte de una organización criminal para castigarlo varios años sin sentencia ni proceso.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

En conversación con nuestro canal digital La Noticia Perú, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, calificó como un exceso la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien no aceptó aplicar la ley contra el crimen organizado aprobada en el Congreso por el caso “Los Waykis en la Sombra”, que involucra a Nicanor Boluarte.

¿Considera que el juez Richard Concepción Carhuancho ha incurrido en prevaricato por negarse a aplicar la ley de crimen organizado en el caso de “Los Waykis en la Sombra?

Cuando hay una contradicción evidente y flagrante entre el mandato de la Constitución y el mandato de una ley, el juez prefiere la Constitución. Con esta modificación a la ley de crimen organizado, que ha hecho el Congreso, no existe una violación a la literalidad de la Constitución, y es necesario que el juez construya un argumento basado en la suposición de que la ley debilita en alguna medida la lucha contra la corrupción. Cualquier ley aprobada por el Congreso puede ser no aplicada e inmovilizada por estos jueces. Entonces, es un Gobierno de los jueces y eso no está amparado ni por la jurisprudencia constitucional ni por la Constitución, es un abuso del derecho. Lo que ha hecho el juez Carhuancho es un exceso, y eso tiene que ser corregido por el TC, porque si no, toda ley puede ser evitada por cualquier juez, por cualquier motivo, sin que exista una evidente contradicción.

¿Considera que existe una politización en el caso de Nicanor Boluarte?

Por supuesto. Aquí existe, aparentemente, un aprovechamiento del hermano de la presidenta de una posición familiar para construir un partido político nuevo, eso podría ser un delito que debería ser investigado, pero la celeridad con la cual este grupito famoso de fiscales actúa es sospechosamente politizada si la comparamos con la facilidad increíble con la cual otros fiscales liberan a delincuentes y a bandas delincuenciales. Acabamos de ver la barbaridad que han hecho con el chofer de Kuczynski a quien pusieron como parte de una organización criminal para castigarlo varios años sin sentencia y sin proceso. Lo que estamos observando es la utilización política de esta ley que el Congreso ha modificado.

¿Existe un exceso con los pedidos de prisión preventiva?

Por supuesto. Es una locura. La prisión preventiva solo es válida para aquellos delincuentes violentos, secuestradores, asesinos, sicarios, asaltantes con arma de fuego, que no pueden ser procesados en libertad porque van a salir a delinquir. Esta medida no es para el contador, ni para el chofer, ni el profesional al que se le acusa de un desbalance patrimonial, hecho que no constituye un peligro grave e inmediato para el resto de la sociedad. Ellos tienen la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad.

¿Cree que se está utilizando la prisión preventiva para presionar a los investigados?

Los fiscales han utilizado este meca nismo para obligar a personas relacionadas con políticos a decir lo que los fiscales les obligaban a declarar. Esto lo hemos observado en el caso de Alan García. Obligaron a decir cualquier cosa a la gente de su entorno personal, y después de varios años, ya muerto Alan García, están liberando a estas personas porque las obligaron a acusar sin pruebas. Así hay varios políticos a los cuales se les ha torturado judicialmente durante años, pero la comunidad jurídica ha apuntado y tiene muy bien guardado quiénes son los responsables de esta tortura judicial, que, usando las reglas del derecho en forma abusiva, han perjudicado a centenares de familias.

¿Cómo analiza la controversia entre el Congreso y el Poder Judicial por la restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?

Lamentablemente, los órganos de administración de justicia, en especial el Poder Judicial y el Ministerio Público, se han politizado. Hay jueces provisionales que están en proceso de evaluación por la JNJ y han dispuesto medidas cautelares para proteger a Aldo Vázquez y a Inés Tello. El problema nace porque Inés Tello ha logrado que se le permita permanecer en la JNJ después de haber cumplido los 75 años, contra lo que dispone la Constitución. Si tienes 76 años, es obvio que no puede ser miembro de la JNJ. Esa interpretación era lógica, pero como es pieza clave del poder oculto que ha gobernado parte de la administración de justicia, se le brindó una interpretación forzada. Contra esto hubo una acusación constitucional contra ambos magistrados por parte del Congreso, dándoles la posibilidad a que se defiendan. Habiéndose cumplido el debido proceso, resulta inexplicable que el TC haya hecho una votación interna en favor de Tello cuando existe una sentencia del propio Tribunal con este mismo pleno que señala que ha habido una interpretación errónea.

AFIRMA QUE LA IZQUIERDA LE HA HECHO DAÑO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

¿Usted ve una utilización política en los paros de transportistas? Al principio pensé que era el hartazgo de transportistas por la inseguridad en la cual vivían, pero cuando la CGTP y los gremios y los partidos de izquierda comenzaron a apoyar el paro, se hizo evidente que esto no era un tema de protesta social, sino era básicamente un tema político. Nadie ha operado durante décadas como los grupos de izquierda en contra de la seguridad ciudadana. Han destrozado a la Policía con el pase al retiro de más de 50 oficiales de alto rango, se pide 20 años, 30 años de cárcel al policía que hace uso de su arma para defender a ciudadanos asaltados. Esta es la izquierda. ¿Cómo la izquierda ahora va a reclamar mayor seguridad ciudadana si ellos son los que protestan y también, asesinan policías y soldados a discreción?