El sesgo ideológico de la CIDH

Ante una controversia presuntamente criminal o vulneración de los derechos fundamentales de la persona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actúa como si fuera la Fiscalía (el Ministerio Público) y de encontrar responsabilidad luego de presentada la denuncia de los afectados, emite un informe que luego pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene como función principal la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, por ello, luego del proceso la Corte emite una sentencia en la que los Estados que han suscrito el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana) están en la obligación de cumplir.

Sin embargo, es lamentable que todo este sistema interamericano de derechos humanos, en los últimos tiempos haya degenerado tanto, hasta convertirse muchas veces en defensores de terroristas, guerrilleros, delincuentes, vándalos o bribones, sin considerar la seguridad de las poblaciones vulnerables que sufren atentados o crímenes justamente de hordas subversivas que luego para legitimar sus crímenes denuncian sus propias fechorías ante el sistema interamericano de derechos humanos, con la excusa que las fuerzas del orden los han reprimido.

En este cruel tema, juega un papel deleznable las famosas ONGs de izquierda que viven con millonarias sumas del dolor humano de lo más invisibles y afectados. La gran mayoría de los magistrados que componen el sistema interamericano de derechos humanos son provenientes de la izquierda o ultraizquierda, con un sesgo ideológico sin precedentes.

Hace un par de días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe infame y sesgado, a propósito de los hechos violentos acaecidos luego del golpe de estado del expresidente Pedro Castillo, en el que dice que: “en el Perú hubo violaciones graves de los derechos humanos” habla de “un uso desproporcionado e indiscriminado y letal de la fuerzas del orden” y en el caso de Ayacucho advierte en condicional que “las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y que podrían calificarse como una masacre”.

Por supuesto no es nuevo que destaquen “reparar a las víctimas” y “sancionar a los responsables”. Muchas veces han obligado a los estados a reparar con cientos o millones de dólares a terroristas en todo el mundo. Si bien el infame informe reconoce que Pedro Castillo rompió el orden constitucional, (dio un golpe de estado televisado en vivo y en directo) minimiza este hecho, pues no reconoce que las hordas violentistas a nivel internacional y nacional alentaron los disturbios porque se les derrumbaba un punto geopolítico importantísimo del socialismo del siglo XXI con la caída del torpe y corrupto Castillo Terrones.

No dicen que varios de los supuestos agraviados quemaron a un policía vivo, tomaron aeropuertos, quemaban y destruían propiedad pública y privada poniendo en situación de crisis severa al país. Luego hacen “recomendaciones” sobre temas económicos o políticos como replantear las vacancias presidenciales o disoluciones del Congreso que no es ámbito de su competencia. En suma, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está cada vez más desacreditado, y el estado peruano debería reflexionar la continuidad o no en dicho organismo supranacional tan ideologizado y sesgadamente pervertido.

(*) Ex vicepresidente del Perú

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