“El Colegio de Ingenieros del Perú puede asesorar al Estado”
Gastón Barúa, quien postula al decanato del CIP, plantea que profesionales peruanos tengan más participación en solución de problemas del país

El ingeniero Gastón Barúa Lecaros postula con la lista 3 en las elecciones del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) que se realizará el 21 de noviembre de 2021. La trayectoria profesional de Barúa se refleja en los cargos desempeñados, como: director secretario del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), decano del Consejo Departamental de La Libertad, autor de la iniciativa del Proyecto Nacional de Desarrollo, regidor de la Municipalidad de San Isidro (dos periodos) y alcalde del Concejo Distrital de San Isidro (dos periodos).
Su finalidad es hacer del CIP un organismo eficiente al servicio del colegiado, fortalecer a la institución como una sola unidad, convocando a todos los 28 consejos departamentales para buscar soluciones a las problemáticas.
SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA NACIONAL
La poca participación del Colegio de Ingenieros se debe a que las autoridades no han sido permeables con sus propuestas y a una carencia en el liderazgo institucional, por ello Barúa hace un llamado a los 280 mil ingenieros del Perú para formar una unidad institucional y transformar el colegio en un organismo eficiente y dinámico al servicio del Estado y la sociedad. El objetivo es capacitar a los ingenieros permanentemente y actualizarlos.
Además, “el CIP tiene la capacidad de asesorar al Estado, asumir la responsabilidad política de hacerlo, que no se inviten a los gobiernos extranjeros porque nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas”, detalla el ingeniero.
En el caso de la formación profesional de los ingenieros, se plantea una política educativa en las universidades, modificar la estructura educativa arcaica, y que en especial la Universidad Nacional de Ingeniería sea un centro de experimentación y desarrollo científico.
OBRAS PÚBLICAS ATRASADAS
Una de las principales propuestas se enfoca en verificar el estado de las obras públicas en el país, debido a que hay muchas de ellas inconclusas y retrasadas por la pandemia. Barúa explica que “El Colegio de Ingenieros podría hacer un levantamiento de obras paralizadas, que tienen un valor de más de cien millones de dólares desperdiciados y significan una carga en el presupuesto general de la república”.
El ingeniero brinda como ejemplo al proyecto de irrigación Chavimochic que tiene un nivel alto productivo, en la tercera etapa incorporaría más de 70 mil hectáreas, sin embargo, está abandonada a pesar de tener consignadas las partidas presupuestarias. Debido a los retrasos en la obra, estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI).
Por su parte el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke informó que hay obras públicas que están en un 50%, 60% y 70% y para lograr terminarlas se está planteando la reforma de la ley de contrataciones porque los procesos complican la gestión, de esta forma se confirma lo dicho por Barúa, primero se debe acabar con las obras públicas pendientes antes de iniciar nuevos megaproyectos.
CONVENIOS DE GOBIERNO A GOBIERNO
Los convenios de Gobierno a Gobierno se han aplicado bajo el argumento de mayor rapidez, haciendo que otros gobiernos extranjeros en representación del Estado peruano se encarguen de seleccionar a los contratistas de una obra pública, generando cuestionamientos en su transparencia, por la falta de rendición de cuentas, así lo ha declarado la Contraloría General de la República.
Se debe aclarar que los convenios que se realizan con gobiernos no son empresas constructoras, estos países recurren a sus empresas privadas para luego trasladarlas al Perú, las obras que se realizan son de lo más corriente, sin agregar algún nuevo conocimiento en ingeniería.
El candidato a decano del CIP informa que en el norte se está fijando partidas de 7500 millones de soles para reconstruir las estructuras educativas, hospitalaria, institucional, encausamientos de ríos, defensas ribereñas, trabajo que los ingenieros del norte lo pueden hacer, pero se ha hecho un convenio donde se pagará el 2% por asesoría y al final enviarán profesionales de una empresa privada, este tema está politizado o se quiere huir del control de la Contraloría.