Tal como lo había anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de ley que busca aplicar modificaciones al Código Penal para tipificar el delito de terrorismo urbano, ante el alto índice de violencia que se viene registrando en el país.
La iniciativa precisa que, como terrorismo se entiende a los actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella a través de los delitos de sicariato, conspiración, ofrecimiento para sicariato y extorsión. Se propone aplicar una pena no menor de 30 años de prisión por este delito.
Además, se aplicará cadena perpetua cuando existan elementos agravantes en los que haya incurrido la persona imputada. Uno de ellos es el pertenecer a las FF. AA. o a la PNP. Además, se aplicará esta sanción máxima cuando se use armamento, material de guerra o explosivos; y a quienes empleen material de las FF. AA. o la PNP. Además, para quienes utilicen a menores de edad o a personas inimputables para estos golpes.
Respecto al delito de extorsión, se modifica el artículo 200 del Código Penal, estableciendo que quien incurra en él recibirá pena privativa de la libertad no menor de 15 ni mayor de 20 años. Se precisa que la extorsión a empresas de transporte y a obras de construcción civil entre 25 y 35 años de cárcel.
La misma sanción se aplicará para quienes tomen de rehén a una persona con fines de extorsión.
Finalmente, se plantea establecer que quien toma locales, obstaculice vías de comunicación o perturbe el funcionamiento de los servicios públicos, será sancionado con pena de cárcel no menor de 10 ni mayor de 15 años.
