La justicia peruana dictó firmes sentencias contra seis extranjeros implicados en una operación de tráfico de drogas en altamar. El Poder Judicial de Piura impuso penas de hasta 17 años y 10 meses de cárcel a los involucrados, todos capturados con más de 2.6 toneladas de cocaína durante interceptaciones marítimas ocurridas en octubre de 2023.
Las autoridades detallaron que los primeros dos sentenciados, de nacionalidad ecuatoriana, recibieron la pena más alta debido a su rol de coordinación y conducción de la embarcación que transportaba grandes paquetes de droga. Otros tres ciudadanos ecuatorianos y un colombiano fueron condenados a penas menores, pero igualmente severas, luego de confirmarse su participación directa dentro de la cadena logística del envío ilícito.
El operativo que permitió sus capturas se llevó a cabo entre el 18 y 20 de octubre de 2023 frente a las costas del norte peruano. En esos días, unidades de interdicción interceptaron embarcaciones sospechosas que navegaban sin luz, sin documentación legal y con movimientos irregulares. Durante los registros se hallaron 2 653,507 kilogramos de clorhidrato de cocaína embalados en bloques, listos para ser trasladados hacia mercados internacionales.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas presentó pruebas contundentes durante el juicio, entre ellas registros de pesaje, pericias químicas, análisis toxicológicos y actas de intervención. El Ministerio Público también presentó evidencia sobre la ruta marítima, la coordinación entre los ocupantes y la estructura de la organización criminal transnacional que facilitaba la salida de cargamentos desde Sudamérica hacia Centroamérica.
Estas duras condenas representan un golpe significativo para el tráfico marítimo de drogas, una modalidad que ha aumentado en los últimos años debido a su alto rendimiento y menor control territorial. Las autoridades recalcaron que el fallo evita que enormes cantidades de droga lleguen al mercado internacional, donde su valor se multiplica por diez, y refuerza el mensaje de que el Perú mantiene una política firme contra el crimen organizado.
