“Fiscalía pide 7 años de prisión para Belmont”

• El jurista explica que, al tratarse de un medio de comunicación, se incrementa la gravedad del delito cometido por Ricardo Belmont y las personas que lo acompañaban, ya que se afecta la libertad de información y el funcionamiento de un espacio público.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR 

En entrevista con La Noticia al Día en La Noticia TV (canal 27.2 en Best Cable y 203 en Cable Go), el abogado procesalista Wilber Medina analizó el proceso judicial que enfrenta el candidato presidencial Ricardo Belmont y detalló el avance del caso, los delitos imputados y el posible desenlace del juicio oral en los próximos meses, en medio del actual contexto electoral.

¿Cómo va el proceso contra Ricardo Belmont y en qué podría terminar?

El señor Belmont, el 2022, para ser concretos, el 19 de octubre, irrumpió la estación de radio donde están los retransmisores en el Morro Solar de PBO Radio. Fue con el señor Morey, el señor Dolorier y aproximadamente cien personas. Tumbaron la puerta, el cerco, ingresaron y hurtaron equipos. El fiscal, luego de terminar la investigación preparatoria, ha formulado acusación penal y ha pedido siete años de cárcel para el señor Belmont, nueve años para el señor Morey y cinco años para el señor Dolorier. Ellos han observado la acusación y eso ha demorado el proceso. En los próximos días el juzgado debe fijar el nuevo cronograma del juicio oral. Lo que quiere decir que el señor Belmont, en los próximos meses, máximo junio, debe concluir el juicio oral, y lo más probable es que le impongan la condena de siete años (de cárcel).

¿Por qué considera que la condena sería inminente?

Han cuestionado la acusación y eso ha generado una demora significativa en el proceso, que prácticamente se ha extendido por casi dos años desde que se presentó la acusación formal. Cuando la fiscalía concluyó la acusación en 2023, ya se contabilizaba un retraso considerable, y prácticamente han pasado cerca de tres años sin que se haya instalado el juicio oral. Esta situación evidencia cómo, en muchos procesos penales, los abogados defensores pueden utilizar los recursos legales disponibles para extender los tiempos de tramitación.

¿Esto tendrá implicancias en su candidatura?

Sí, porque estamos en medio de un proceso electoral y pareciera que la intención de alargar el proceso ha sido, casualmente, para que la situación se dilate durante la campaña. Belmont ya había mostrado aspiraciones políticas desde 2022 y no hay que olvidar que ha intentado ser alcalde de Lima con Perú Libertario. La estrategia de la defensa ha sido alargar el juicio oral mediante observaciones legales, pero esto no impide que el proceso continúe.

¿Qué alega la defensa de Belmont?

La defensa intenta justificar la acción mediante argumentos de naturaleza civil. Alegan que el día anterior al acto, el 18 de octubre, una entidad llamada Tavalli le reconoció derechos sobre las acciones societarias de RBC Televisión, propietaria de Radio Tigre, que a su vez alquilaba equipos a PBO Radio. Sin embargo, estos temas se deben resolver en la vía civil, y no en la penal. Belmont ya había anticipado sus bienes a sus hijos vía escritura pública, y ellos son quienes administran los activos actualmente. Por eso, ingresar violentamente a la estación sin orden judicial constituye un delito.

¿Fueron devueltos los equipos hurtados?

Sí, algunos de los transmisores y equipos que fueron sustraídos durante el ingreso a la estación de radio fueron devueltos posteriormente, pero esta devolución no elimina ni minimiza el delito de hurto agravado ni de usurpación agravada que se cometió. El hurto agravado se configura por la apropiación indebida de bienes ajenos mediante violencia o amenazas, y en este caso, el acto fue acompañado de varios factores que agravan la conducta, como el hecho de que se ingresó violentamente al inmueble, derribando cercos y puertas, y la participación de más de dos personas en la acción. Además, se trataba de un medio de comunicación, lo que incrementa la gravedad del delito, ya que se afecta la libertad de información y el funcionamiento de un espacio público. Por otra parte, la pena que podría corresponder a Belmont se ajustó tomando en cuenta su edad, ya que al momento de la acusación tenía más de 75 años, lo que implica la aplicación de la responsabilidad penal restringida.

“EXFISCAL PÉREZ CAE EN CONTRADICCIÓN ÉTICA Y POLÍTICA”

Wilber Medina sostiene que José Domingo Pérez, exfiscal destituido por la Junta Nacional de Justicia, ha dado un giro inesperado al sumarse como abogado de Pedro Castillo y participar activamente en la política con Juntos por el Perú.

Medina señala que Pérez, quien antes se presentaba como incorruptible, ahora defiende a un expresidente cuestionado, lo que refleja una contradicción ética y política.

El especialista agrega que, al no presentar recurso tras su destitución, Pérez aceptó implícitamente su salida, y que su involucramiento en causas particulares, mítines políticos, campañas y propuestas de reforma judicial genera un intenso debate sobre su verdadero rol, sus intereses, motivaciones y la influencia que podría ejercer en la esfera política y judicial actual del país.