“Fiscales deben pasar examen psiquiátrico”

• José Pimentel indicó que en el Ministerio Público debería haber un riguroso examen psiquiátrico y exámenes de salud. Agregó que deberían evaluar las competencias mentales y de ecuanimidad de quienes administran justicia y que determinan nada menos que sobre la libertad de las personas.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El abogado penalista José Pimentel, en diálogo con La Noticia Al Día, en La Noticia TV (Canal 27.2 Best Cable), afirmó que el fracaso rotundo del equipo especial Lava Jato hace necesaria su desactivación, tal como lo viene anunciando el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas. Además, planteó que los fiscales sean sometidos a un examen psiquiátrico.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció la desactivación de los equipos especiales como Lava Jato. ¿Considera acertada la medida?

Creo que no solamente es acertada, sino que es necesaria y se está demorando demasiado. Se esperaba que el fiscal de la Nación tomara esta decisión apenas asumió el cargo. El tema no pasa por la voluntad solamente del fiscal, es una necesidad objetiva para la administración de justicia. Creo que el fracaso rotundo de parte de ese equipo especial hace necesaria su desactivación. Pero más allá de un fracaso meramente procesal y legal que podríamos encuadrar desde una conducta culposa, yo iría un poco más allá. Creo que aquí, en el accionar de estos fiscales y de este equipo especial, hubo una conducta dolosa, en el sentido de favorecer a la empresa que investigaron: Odebrecht, Graña y todos los corruptos que han intervenido en este asalto al país. Todos gozan de libertad y mantienen intacto su patrimonio. El único perjudicado es el Perú. Esto no tiene parangón en la judicatura nacional ni internacional.

¿La solución pasa necesariamente por la desactivación o se pudo evaluar el cambio de fiscales?

Creo que no deberían existir este tipo de fiscalías especiales, porque para ese tipo de investigaciones existen fiscales anticorrupción. Hay un subsistema. Si a ese subsistema le vamos a crear además otras especialidades para hacerlos más particulares, no necesariamente vamos a garantizar independencia en las investigaciones. Ese es el problema. Y ahí están los resultados. Creo que, a partir de la declaración de ese colaborador eficaz “El Filósofo”, se supo que este equipo especial ha sido formado por recomendación nada menos que del director de una ONG, Gustavo Gorriti, y ha sido propuesto para esos efectos por sus cualidades histriónicas y no por sus competencias profesionales. Buscaron al más arrebatado de los fiscales, que se atreva a ponerle el cascabel al gato, que se atreva a iniciar este tipo de investigaciones, y estamos viendo que sus resultados han sido completamente dañinos para los intereses del Perú.

En una audiencia reciente, el fiscal José Domingo Pérez dijo: “Soy yo el fiscal, quien debe decidir si trasciendo en la historia”. ¿Cree que hay un poco de ego?

Le pidió al juez trascender y, si no, el fiscal debía inmolarse. El deber de trascender habla muy mal del defensor de la legalidad, que está pidiendo al juez que incumpla y desacate una sentencia del Tribunal Constitucional. No defendió una posición legal, defendió una posición política y por eso lo señala como una especie de inmolación. Pero definitivamente es una defensa muy politizada que desacredita más el principio de independencia que requieren quienes investigan este tipo de delitos.

Hay quienes han señalado, después de ese mensaje de José Domingo Pérez, que debería ser sometido a un examen psicológico.

Hace tiempo señalé que en el Ministerio Público debería haber un riguroso examen psiquiátrico y exámenes de salud. Deberían evaluar las competencias mentales y de ecuanimidad de quienes administran justicia y que determinan nada menos que sobre la libertad de las personas. No podemos tener a cualquier maniático administrando justicia en el país.

¿Es válido pensar que si estos equipos especiales se desactivan se podrían caer las investigaciones?

No creo que se deba caer ninguna investigación. Hay un subsistema de fiscalía anticorrupción con fiscales muy competentes. No conozco casos que hayan durado tanto tiempo y que no hayan alcanzado las sentencias que se requerían y que, por el contrario, se trate de persistir en forzar la acusación con figuras típicas que, al tiempo de su comisión, no eran delitos. Esa también es una violación constitucional. Acá no se trata solamente de cambiar los fiscales. En el fondo hay una ideologización de la justicia. Esta presencia del IDL en el tuétano y en la cúspide del Ministerio Público y el Poder Judicial trajo como consecuencia que ahora se haya politizado la justicia. Y no solamente en el caso que maneja el equipo especial. Lo podemos ver, por ejemplo, en la diferencia que hay en el trato a unos y otros investigados, como a la señora Villarán, que en este momento sigue en libertad.

¿Considera que el Equipo Lava Jato cavó su propia tumba con el caso Cócteles?

En mis años de ejercicio, que no son pocos, nunca he visto el comportamiento de un fiscal, no solamente con las investigaciones que tiene a su cargo, sino con el trato que tiene con sus superiores. Recordemos cómo maltrató al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Estos hechos politizan las actuaciones del Ministerio Público, que es constitucionalmente autónomo y debe estar al margen de la política de un país.

Usted mencionaba la ideologización de la justicia. ¿Cree que la desactivación de los equipos especiales y la salida de Delia Espinoza se puede calificar como una herida de muerte a esta ideología?

Yo creo que sí. Marca el inicio de la caída estrepitosa de una indebida actuación fiscal instituida desde lo más alto de la Fiscalía de la Nación. No se olviden de la luctuosa faena que cumplió Pablo Sánchez a lo largo de todo este tiempo, tratando de sostener la insostenible posición de los fiscales. Pero como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, la fiscalía ha entrado en una severa crisis y va a tener que soportar una reforma impresionante y dura. Creo que ahora ya se justifica evaluar su ley orgánica, que tiene cuatro décadas y que no responde a esta realidad. Hay que evaluar su estructura y cuál es el marco constitucional que debe conocer todo fiscal para poder administrar justicia.

CASO SUSANA VILLARÁN MATERIA DE ESTUDIO EN UNIVERSIDADES

Para José Pimentel, el trato diferente que recibiría la exalcaldesa Susana Villarán por presuntamente recibir millonarias coimas es digno de estudio en universidades. “Creo que hoy la academia está tomando en cuenta y está estudiando ese tipo de casos, porque este código procesal y esos equipos especiales y subsistemas se han creado no solamente para investigar delitos especiales, sino también para darle celeridad a las investigaciones. Además de hacer investigaciones prolijas, puedan ser completamente reseñadas dentro del marco de la legalidad”, apuntó.