La compra de automóviles de alta gama es un despropósito frente a la situación del país y las grandes carencias que enfrenta la institución policial. La adquisición de 168 vehículos por más de 17 millones de soles para la PNP, incluyendo camionetas Audi Q5 y Toyota RAV4 destinadas a altos mandos, se produce en un contexto en el que la ciudadanía enfrenta una creciente ola de inseguridad, junto con denuncias de desabastecimiento crónico en las comisarías: falta de combustible para patrulleros, carencia de chalecos antibalas, equipos de comunicación obsoletos y condiciones precarias de trabajo para los efectivos de base.
Desde una perspectiva política, esta medida revela una grave desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades reales de la población.
La contradicción de fondo: símbolos de poder vs. necesidades básicas. Mientras los ciudadanos exigen mayor seguridad en sus barrios, la PNP canaliza recursos públicos hacia vehículos de lujo para generales y coroneles. Esta política refleja un sesgo elitista en la asignación de recursos, donde el aparato policial prioriza la comodidad de la cúpula antes que la operatividad de quienes enfrentan día a día la delincuencia común y organizada. El mensaje político es devastador: se exhibe ostentación en la cúspide jerárquica mientras las bases carecen de lo elemental para cumplir su labor.
Ineficiencia en la gestión del gasto público. La inversión de 17 millones de soles en camionetas de alta gama no guarda proporción con el déficit estructural del sector seguridad. Con esos fondos se pudieron financiar miles de chalecos antibalas, mejor equipamiento para comisarías, programas de inteligencia y tecnología contra el crimen, reforzamiento de unidades vecinales y patrullaje integrado. En un contexto de inseguridad que preocupa a más del 80 % de los peruanos, esta decisión representa un uso ineficiente y políticamente insostenible de los recursos públicos.
Crisis de legitimidad institucional. El caso no solo cuestiona la gestión del gobierno de Boluarte, sino también la credibilidad de la PNP como institución. En lugar de reforzar la imagen de cercanía y servicio a la ciudadanía, se consolida la percepción de que la Policía reproduce privilegios internos ajenos al interés público. La apertura de una investigación por parte de la Contraloría confirma la sospecha de posibles irregularidades y agrava la percepción ciudadana de que la corrupción y el clientelismo continúan erosionando las instituciones.
Impacto político para el gobierno. El costo político para Dina Boluarte es significativo. La compra de estos vehículos ocurre en un clima de desconfianza generalizada hacia el gobierno, marcado por acusaciones de corrupción y desconexión con la realidad social. Este episodio alimenta la narrativa de que la presidenta y su entorno privilegian los intereses de élites militares y policiales sobre las demandas ciudadanas, debilitando aún más su ya frágil legitimidad.
La compra de vehículos de alta gama para los altos mandos policiales constituye un grave error político y ético. En tiempos de crisis de seguridad y precariedad institucional, lo que se espera del gobierno es austeridad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este caso expone la incapacidad del Estado para priorizar lo esencial: la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las bases policiales.
Finalmente, en el tiempo que le queda a este gobierno, difícilmente podrá realizar acciones significativas para mejorar la seguridad de los peruanos. Ante ello, solo nos queda a los ciudadanos asumir una cultura de seguridad preventiva, usar el sentido común y ser solidarios con nuestros vecinos.
(*) Presidente de Aprosec
