La violencia política en América Latina está directamente vinculada a la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada. Los países de la región, incluido Perú, enfrentan una creciente interconexión entre el crimen organizado, la violencia urbana y la política, lo que ha convertido los procesos electorales en escenarios de riesgo. En varios países, la inseguridad no solo afecta a los ciudadanos, sino que también impacta directamente a candidatos, funcionarios y partidos políticos.
La historia reciente de Perú está marcada por la violencia política, especialmente durante el auge del terrorismo perpetrado por grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en las décadas de 1980 y 1990. Estos grupos no solo atentaron contra la población civil y las fuerzas del orden, sino que también buscaron desestabilizar el sistema político con ataques a instituciones estatales y líderes políticos. Ejemplos de ello son el atentado en Tarata (Miraflores, 1992) y el secuestro en la residencia del embajador de Japón en 1996.
En el siglo XXI, las protestas sociales han sido otro foco de violencia política. La Marcha de los Cuatro Suyos en el 2000, contra el tercer mandato de Alberto Fujimori, terminó con enfrentamientos y muertes. El “Baguazo” en 2009, en el contexto de la protesta indígena contra decretos legislativos que afectaban la Amazonía, dejó un saldo de 34 muertos. Entre 2016 y 2022, Perú atravesó una profunda crisis política que llevó a la sucesión de siete presidentes, reflejando la inestabilidad que permea su sistema de gobierno. Las elecciones en Perú en los últimos 20 años han estado marcadas por conflictos sociales, polarización y denuncias de fraude. Para las elecciones generales de 2026, los siguientes factores podrían generar riesgos de violencia política:
Presencia de mafias en la política local: Organizaciones criminales ya han infiltrado gobiernos municipales y regionales, lo que podría derivar en ataques contra candidatos que desafíen estos grupos.
Protestas sociales y polarización: Desde 2020, Perú ha vivido intensas manifestaciones políticas que han derivado en violencia y represión estatal. Es probable que en 2026 sectores descontentos intenten interferir en el proceso electoral.
Influencia del crimen organizado en las campañas: Como en México y Ecuador, existe el riesgo de que organizaciones criminales financien campañas o ejerzan presión sobre candidatos mediante amenazas y atentados.
La violencia política en América Latina está directamente ligada a la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada. México, Ecuador, Brasil y Venezuela muestran diferentes formas en las que el crimen influye en la política electoral. Perú, con un panorama de creciente inseguridad y polarización, deberá tomar medidas preventivas para garantizar unas elecciones libres de violencia en 2026.
Finalmente, si esta tendencia continúa, la democracia en la región corre el riesgo de ser debilitada por el miedo, la corrupción y la violencia, lo que hace urgente una mayor regulación, protección a candidatos y una estrategia integral para combatir la criminalidad organizada.
(*) Presidente de APROSEC.
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