Congreso convoca de urgencia al Gabinete Ministerial tras atentado contra Agua Marina
El Congreso de la República aprobó con 77 votos a favor citar de urgencia al Gabinete Ministerial presidido por Eduardo Arana, luego del atentado a balazos contra la agrupación de cumbia Agua Marina durante un concierto en Chorrillos. La sesión fue programada para la tarde del 9 de octubre. El ataque, que dejó cuatro músicos y un vendedor ambulante heridos, desató una ola de críticas contra el Gobierno por la falta de resultados frente a la ola de extorsiones y crímenes violentos.
La iniciativa fue presentada por el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), partido que usualmente ha mostrado respaldo a la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, esta vez APP exigió la presencia del Gabinete para que explique las acciones concretas frente a la creciente inseguridad. La moción demanda que el Ejecutivo informe sobre las medidas aplicadas y las estrategias futuras para enfrentar a las bandas criminales, además del avance en la implementación de leyes de seguridad aprobadas por el Parlamento.
El atentado se produjo la noche del 8 de octubre, durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando varios sujetos dispararon ráfagas desde la parte posterior del escenario. Los integrantes heridos fueron trasladados a centros médicos de la zona. Cabe recordar que la agrupación había denunciado hace meses amenazas extorsivas y ataques previos con explosivos, sin que se adoptaran mayores medidas de protección.
Horas después del ataque, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado en el que responsabilizó a los organizadores del evento por no contar con las autorizaciones necesarias. Según la entidad, el espectáculo no tenía las garantías de la Dirección General de Gobierno Interior ni se había notificado a la Policía Nacional, por lo que no se dispuso ningún operativo de seguridad. Testigos aseguraron haber escuchado más de 20 disparos, lo que generó pánico entre el público y evidenció nuevamente la vulnerabilidad de los eventos públicos ante la delincuencia.
