Ante la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y declaró que el Estado peruano cometió «desacato» al recurrir el fallo del Tribunal Constitucional y otorgar su excarcelación.
Mediante una resolución, la Corte IDH ordenó llevar a cabo una indagación a profundidad con la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos relacionadas a los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, la Corte IDH dispuso que el Estado peruano presentara a más tardar el 4 de marzo de 2024 un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en los casos mencionados.
Por lo que estaría obligado, el Estado peruano aseguir presentando informes cada tres meses por el tiempo que esta corte considere necesario. Asimismo, requirió a los representantes legales de las víctimas y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que presenten observaciones a dichos informes.
