La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un proyecto que actualiza la regulación del comercio electrónico en el país. La medida busca cerrar vacíos legales existentes y establecer parámetros claros para proteger a los usuarios ante el acelerado crecimiento del mercado digital.
La propuesta introduce definiciones esenciales como “proveedor digital” y “canal digital”, términos inexistentes en la legislación actual. Su incorporación permitirá identificar con precisión a quienes ofrecen productos o servicios en plataformas virtuales y supervisar sus responsabilidades dentro del ecosistema online.
El proyecto también reconoce derechos fundamentales del consumidor digital: protección de datos personales, resguardo de la privacidad, seguridad en las transacciones y la figura del “derecho al olvido”. Estas garantías responden a riesgos crecientes vinculados al uso masivo de información en línea.
Según la presidenta de la comisión, el marco legal vigente desde 2010 no contemplaba la dinámica actual del comercio digital, lo que generaba espacios donde podían producirse abusos o prácticas poco transparentes. La actualización normativa busca adaptarse al comportamiento real del mercado.
La iniciativa toma como referencia regulaciones aplicadas en varios países de América Latina y Europa, donde ya se han adoptado estándares para supervisar marketplaces, aplicaciones móviles y servicios digitales. Esto permitirá una fiscalización más moderna y alineada con tendencias internacionales.
La regulación también busca reducir riesgos asociados a suplantación, publicidad engañosa, manipulación de datos y fraudes digitales. Al establecer obligaciones precisas para los proveedores, se espera mayor claridad en la información que reciben los usuarios antes, durante y después de cada compra.
El avance normativo ocurre en un contexto de expansión sostenida del comercio electrónico en Perú. Con millones de operaciones mensuales y un crecimiento constante, la nueva legislación podría mejorar la confianza del usuario, fortalecer la transparencia y consolidar un entorno digital más seguro.
