La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso dio luz verde al informe que declara procedentes tres denuncias acumuladas contra el ex primer ministro Alberto Otárola, relacionadas con la contratación de Yaziré Pinedo Vásquez.
A Otárola se le acusa de haber ejercido presunta influencia indebida para facilitar el ingreso de Pinedo al Ministerio de Defensa, así como de utilizar un vehículo oficial para fines personales, acciones que motivaron las denuncias constitucionales.
El informe concluye que existen indicios para iniciar una investigación por posibles infracciones a varios artículos de la Constitución y por la presunta comisión de delitos como colusión, peculado de uso, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Elías Varas, Juan Burgos y Jaime Quito, y el informe fue aprobado por unanimidad en la sesión liderada por María Acuña, presidenta de la SAC.
