A través de un comunicado, el Congreso de la República, expresó su rechazo ante cualquier forma de intromisión nacional o extranjera respecto a las decisiones que toman como parte de su labor legislativa.
Asimismo, el Poder Legislativo manifestó que ante la comunicación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace de conocimiento que Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, en acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política del Estado.
“El Congreso de la República, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente en las decisiones que por mandato constitucional y legal corresponden. Por lo tanto, rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, recalca el comunicado.
Asimismo, señala que el Parlamento, con total independencia y autonomía, y en las oportunidades que crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acogió una resolución respecto de la solicitud de medidas provisionales en los casos Barrios Altos y La Cantuta, en la que requiere al Estado peruano suspender inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país antes del 2002.
El pasado 6 de junio, el pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de ley 6951/2023-CR, “que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, el cual permite la prescripción del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Perú antes del 2002.
Se trata de una iniciativa legislativa presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular).
