El Congreso peruano enfrenta limitaciones legales para anular el aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte, que eleva su sueldo a más de 35,000 soles mensuales, ya que la Constitución protege la remuneración presidencial durante su mandato.
Aunque varias bancadas presentaron proyectos para derogar el decreto que autoriza el incremento, expertos constitucionalistas señalan que solo una ley aprobada en referéndum podría modificarlo, por lo que el Parlamento no tiene la facultad directa para revertirlo.
La Comisión de Fiscalización busca citar a Boluarte para que explique el aumento, y se han iniciado interpelaciones contra ministros involucrados en la medida, pero el debate político no garantiza la anulación del ajuste salarial.
Mientras el Congreso debate, el Ejecutivo sostiene que el aumento es legal y justificado, basado en informes técnicos que comparan su remuneración con la de otros mandatarios, manteniendo vigente el decreto que regula el nuevo sueldo presidencial.
