En el marco del cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Gobierno dispuso este miércoles 7 de enero la convocatoria a las elecciones regionales y municipales, proceso democrático que se desarrollará el domingo 4 de octubre de 2026. Esta decisión se formaliza como parte del cumplimiento de las etapas establecidas para la renovación de autoridades subnacionales en el país.
La convocatoria fue refrendada por el presidente José Jerí Oré y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y se sustenta en el Decreto Supremo N.º 001-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano. Según esta norma, se elegirán por un periodo de cuatro años a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores provinciales y distritales en todo el territorio nacional, incluida la Provincia Constitucional del Callao.
El proceso electoral se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley N.º 27683 de Elecciones Regionales y la Ley N.º 26864 de Elecciones Municipales. Con la emisión del decreto supremo, se da inicio formal al proceso, cuya organización, ejecución y supervisión estarán a cargo de los organismos que integran el sistema electoral, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, el cronograma electoral aprobado mediante la Resolución N.º 0632-2025-JNE, publicada el 2 de diciembre de 2025, fija otros hitos relevantes para este 7 de enero.
Entre estos plazos, el JNE determinó como fecha límite la inscripción de partidos políticos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), así como el registro de modificaciones a sus estatutos internos. También se estableció este día como el último para la afiliación de candidatos a organizaciones políticas, de acuerdo con la reciente modificación de la Ley Orgánica de Elecciones. De igual modo, los partidos deben presentar sus padrones actualizados de afiliados ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP). Con ello, el Poder Ejecutivo cumple el procedimiento constitucional y permite que la ciudadanía elija a sus nuevas autoridades, quienes asumirán funciones a partir del 1 de enero de 2027.
